El Grupo Popular acusa a los socialistas de reforma encubierta de la Constitución

La modificación de la ley orgánica del Tribunal Constitucional que suprime el recurso previo de inconstitucionalidad es "la reforma encubierta de la Constitución", según palabras de José María Ruiz Gallardón, portavoz del Grupo Popular. Los conservadores, tras el informe de sus juristas, han decidido presentar recurso previo de inconstitucionalidad contra la supresión del propio recurso previo, proyecto de ley que ya ha sido aprobado por el Congreso y el Senado.El recurso previo de inconstitucionalidad, que evita automáticamente la entrada en vigor de una ley orgánica, ha sido hasta la fecha el procedimiento usado por el Grupo Popular para retrasar la promulgación de leyes como la del Derecho a la Educación y del aborto. También lo han utilizado los nacionalistas para recurrir la ley de armonización de las autonomías (LOAPA).

Los socialistas han sido contrarios tanto al establecimiento del recurso previo como a su utilización. El presidente del Congreso de los Diputados, Gregorio Peces-Barba, manifestó anteayer en un almuerzo privado que una ley que suprimiera el Tribunal Constitucional sería tanto como "un golpe de Estado legislativo".

El Grupo Popular acusó ayer al Socialista de usar "su mayoría ocasional para romper bloques legislativos", y, según Ruiz Gallardón, "con el recurso previo se impiden golpes de Estado legislativos". El diputado conservador, al exponer las razones por la que su grupo recurre contra la supresión del recurso previo, afirmó que, de producirse esta situación, "el Tribunal Constitucional vería minoradas sus facultades de velar por las garantías de las leyes orgánicas".

Los conservadores sostienen en su argumentación jurídica que la supresión del recurso previo afecta al artículo 9.3 de la Constitución, que prohibe la arbitrariedad de los poderes públicos. Entienden también que sin él se "posibilita el fraude constitucional, dado que se puede ir modificando la Constitución por leyes orgánicas sin que se pueda recurrir contra ellas".

Los socialistas son partidarios de que el recurso ordinario, que se mantiene, sea el único método, y argumentan que con la supresión del recurso previo se devuelve a las cámaras toda su capacidad legislativa. El recurso previo, según el PSOE, politiza al propio Tribunal Constitucional y lo convierte en una tercera cámara legislativa.

Ruiz Gallardón recordó de nuevo el argumento del daño irreparable que se puede producir en el caso de que una ley orgánica entre en vigor y sea declarada inconstitucional posteriormente, como fue el caso de la que pretendía regular las incompatibilidades de diputados y senadores.