El Grupo Popular tiene ultimada su alegación contra la supresión del recurso previo

El diputado José María Ruiz Gallardón presentará en las próximas horas ante el Tribunal Constitucional el recurso previo de inconstitucionalidad del Grupo Popular contra la proposición de ley orgánica por la que se deroga precisamente esta modalidad de recursos, que fue aprobada ayer por el pleno del Senado con los votos del Grupo Socialista. Fuentes de la dirección del grupo conservador han reconocido que se habían producido serias diferencias entre Ruiz Gallardón y Manuel Fraga, que en principio se oponía a presentar recurso a la supresión del recurso previo.

Todos los grupos que la Cámara Alta, excepción hecha del socialista, como ocurrió en el Congreso, se opusieron a la desaparición de este tipo de recursos.La interposición de un recurso previo de inconstitucionalidad -recurso previsto en la propia Ley orgánica del Tribunal Constitucional- en los tres días siguientes a la aprobación por las cámaras de la ley que se quiere recurrir, supone la paralización automática de la misma, lo que imposibilita su entrada en vigor hasta tanto no se pronuncie el alto tribunal.

José María Ruiz Gallardón, experto jurídico del Grupo Popular, tenía redactado desde el pasado martes el recurso que se va a presentar ante el tribunal. No obstante, hasta primeras horas de la tarde de ayer no se decidió esta acción, habida cuenta de la discusión abierta en el grupo conservador sobre la conveniencia de presentarlo. Fuentes de la dirección conservadora, aseguraban que fue Manuel Fraga quien encontró mayores inconvenientes jurídicos para presentar recurso previo al recurso previo. Las razones doctrinales ofrecidas por Ruiz Gallardón le convencieron finalmente.

Este "castigo parlamentario", como se denomina en la jerga legislativa al recurso previo, comenzó a considerarse "aberrante", por los socialistas, -que decidieron acabar con él- cuando el Grupo Popular lo utilizó para paralizar la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE).

Ruptura del consenso de 1978

Juan de Arespacochaga, portavoz del Grupo Popular en el Senado, se opuso ayer a la supresión de esta proposición de ley socialista, de artículo único. Manifestó que con ello se priva a las minorías de la posibilidad de "frenar" lo que llaman el rodillo socialista. Los populares afirman que el grupo mayoritario rompe con esta acción el consenso constitucional alcanzado en 1978 con la elaboración de la Carta Magna. Argumentó también Arespacochaga que se recorta al Tribunal Constitucional una atribución que le corresponde "por ser la institución política más relevante del Estado".Para dirimir sobre la vulneración constitucional de una ley, el grupo que apoya al Gobierno considera suficiente el recurso ordinario. Por el mismo, la ley en cuestión no suspende su entrada en vigor, a expensas de lo que decida al respecto el Tribunal Constitucional.

José Luis Rodríguez Pardo, senador socialista, defendió la supresión del recurso previo con el argumento de que el único control político sobre las leyes debe recaer en el Parlamento; control que, entiende el PSOE, se menoscaba por la acción del Tribunal Constitucional, al paralizar la entrada en vigor de una ley. Otro argumento socialista se basa en el respeto al pueblo, "dado que el recurso previo suspende leyes reflejadas en un programa electoral refrendado por las urnas".

La LODE y la despenalización en tres supuestos del aborto, son leyes aprobadas por las cámaras y recurridas con carácter previo por el Grupo Popular. Su entrada o no en vigor está a la espera de lo que decida el Tribunal Constitucional. La Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), fue otra de las leyes recurridas con carácter previo y el tribunal dio la razón a los recurrentes.