El abogado del Estado y el fiscal recurren el procesamiento de los tres inspectores que dieron muerte a Martín Luna

El abogado del Estado y el ministerio fiscal han recurrido contra el auto de procesamiento dictado por la Audiencia Provincial de Barcelona contra los tres inspectores que dieron muerte al grapo Juan Martín Luna, el 5 de diciembre del pasado año. El recurso de súplica fue formalizado el lunes a mediodía ante la Sección Quinta de lo Penal de la citada Audiencia, cuyos magistrados deberán reflexionar sobre su decisión anterior, en un plazo que no está especificado en la ley de Enjuiciamiento Criminal. Tras esta próxima decisión de los magistrados no cabe la posibuidad de presentar otro recurso.

El recurso del ministerio público fue planteado a mediodía del lunes al fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Barcelona, Alejandro Sanvicente, por orden, previsiblemente, del fiscal general del Estado, Luis Burón Barba. A su vez, la fiscalía de Barcelona encomendó la misión al fiscal Alejandro del Toro, después de intentar infructuosamente localizar al fiscal Carlos Garci Muller, destinado en el Juzgado de Instrucción número 10 y en la Sección Quinta, que era a quien le correspondía redactar y presentar el escrito de recurso.Alejandro del Toro es uno de los fiscales más veteranos y prestigiosos de la Audiencia de Barcelona. En la actualidad se encuentra adscrito a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial. Del Toro es, además, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona y autor de numerosos estudios legales. En medios jurídicos se le considera un técnico muy preparado y con un gran respeto hacia las fuerzas de orden público.

Un segundo recurso

Según medios jurídicos de Barcelona, la orden del fiscal general del Estado, que fue escrupulosamente acatada, tal como establece el Estatuto del Ministerio Fiscal, provocó una cierta polémica entre algunos reprelentantes del ministerio público, que consideraban que "el auto era prácticamente irrecurrible". Otros aseguraban que el documento tenía contradicciones-.

El Estado planteó también el lunes otro recurso de súplica, que fue redactado por el jefe de la Abogacía del Estado en Barcelona,Joaquín de Alfonso Albarracín. El abogado del Estado tomó la decisión de recurrir, sin esperar el mandato de sus superiores, como es habitual en este tipo de acciones, por considerar que la Administración se encontraba también perjudicada en el. auto de procesamiento, ya que los magistrados reclaman del Estado 12 millones de fianza para hacer frente a las responsabilidades civiles que pudieran derivarse de la acción presuntamente delictiva de los tres policías.

El abogado del Estado, que redactó el auto en tres folios, asegura que los tres inspectores de policía están exentos de toda responsabilidad penal, ya que actuaron en legítima defensa. Por tanto, arguye, se les debe aplicar el artículo 8 del Código Penal. Afirma el letrado que los inspectores actuaron de manera lógica, ante la actitud agresora del terrorista al sacar el arma. Al no existir ninguna responsabilidad penal, no se puede derivar ni reclamar ninguna responsabilidad civil contra la Administración, asegura el abogado del Estado en su escrito. Ignasi Doñate, abogado de la familia del grapo fallecido, declaró ayer que estaba esperando a que la Audiencia le notificara los dos recursos planteados para tomar una decisión.

El letrado compareció en la causa cuando ésta se encontraba ya instruida y elevada a la Sección Quinta de lo Penal. El abogado de la familia pidió ante ese tribunal el procesamiento de los tres inspectores por un delito de asesinato.

Solicitó también el procesamiento de Manuel Ballesteros, jefe del Mando único para la Lucha Contraterrorista (MULC) cuando se produjeron los hechos, por considerar que su cooperación había sido necesaria para la supuesta comisión del delito.

El letrado Ignasi Doñate, que está colegiado desde 1972, se dedica preferentemente a problemas laborales, aunque en determinadas ocasiones se ha encargado de casos políticos. Este letrado ha planteado numerosas reclamaciones judiciales por supuestas infracciones de los Derechos Humanos. Ignasi Doñate es, además, defensor de algunos de los nacionalistas catalanes condenados por el asesinato del industrial José María Bultó.