El Defensor del Pueblo duda de la constitucionalidad de la ley Tajo-Segura

El defensor del pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez, que visitó el pasado fin de semana la provincia de Toledo invitado por la Mesa de Defensa del Tajo para informarle sobre el estado del río, llegó a cuestionar la constitucionalidad de la vigente ley de aprovechamiento conjunto de los ríos Tajo-Segura, conocida como ley del trasvase, que entró en vigor en junio de 1971. Ruiz-Giménez señaló que "hay normas que han sufrido una inconstitucionalidad sobrevenido, pues son leyes anticuadas que no responden a las necesidades actuales.

Joaquín Ruiz-Giménez fue recibido por más de un millar de personas que protestaban por el trasvase y la contaminación del Tajo. Sobre este último aspecto, el Defensor del Pueblo, que no quiso que se le comparara a un posible mister Marshall, indicó que mientras que el trasvase es un asunto político, el de la contaminación podría incurrir en un delito contra la salud pública. La Mesa de Defensa del Tajo, integrada por distintos organismos de la provincia, le hizo entrega de un informe de más de 100 folios sobre la situación actual de los trasvases y que se basa sobre todo en tres aspectos: el socioeconómico, el jurídico-legal y el ecológico sanitario. Por otra parte, la Junta de comunidades de Castilla-La Mancha -que ha marcado sus diferencias con respecto a esta organización, popularmente conocida como Mesa Antitrasvase- presentó recientemente un recurso de alzada ante el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, por considerar ilegal la decisión de trasvasar 135 hectómetros cúbicos desde la cuenca del Tajo a la del Segura por la comisión de explotación. Estas presiones ya han surtido efecto, pues la citada comisión ha decidido paralizar el envío de agua cuando se hayan trasvasado 53 hectómetros cúbicos.

53 hectómetros cúbicos

El actual trasvase de aguas de la cuenca del Tajo a la del Segura, que ha supuesto hasta la fecha la detracción de 46 hectómetros cúbicos -a razón de uno diario- quedará en suspenso cuando se hayan totalizado los 53 Hm auto rizados el pasado 4 de octubre por la comisión de explotación del acueducto, según ha acordado esta misma comisión, que así toma en consideración los planteamientos sostenidos por la Consejería de Política Territorial.La decisión ha sido valorada positivamente por la Consejería de Política Territorial, dirigida por Gregorio Sanz, que destacó un representante a la reunión de la comisión de explotación, y reitera a su vez el criterio de no reconocer competencias a la referida comisión para adoptar acuerdos como el del 4 de octubre, que ha originado la interposición de un recurso de alzada por parte de la junta de comunidades.

Actualizar tarifas

En la última sesión, la comisión de explotación del acueducto deliberó en torno a la fórmula de revisión de las tarifas que deben satisfacer los regantes de la cuenca del Segura, cifrada en el momento actual en 6,71 pesetas por metro cúbico para agua de riego y en 10 pesetas en los casos de agua con destino a abastecimientos urbanos.En este apartado del orden del día de la sesión se analizaron las propuestas de modificación de los cánones elaboradas por la Dirección General de Obras Hidráulicas. También se estudió el plan, de la Consejería de Política Territorial del Gobierno autónomo de Castilla-La Mancha. Ésta pretende actualizar las inversiones en infraestructura, desglosadas año por año, y eso daría el índice de revisión de las tarifas que han de pagar los regantes. Por el contrario, el MOPU pretende globalizar toda la inversión para tasar las tarifas. Las razones aducidas por la Junta de comunidades han influido en la no aprobación de las tesis defendidas por la Dirección General de Obras Hidráulicas, que confeccionará una nueva propuesta asumiendo las alegaciones contenidas en el estudio de la Consejería de Política Territorial, para su debate en la próxima convocatoria de la comisión de explotación.