Enfrentamiento entre el Gobierno regional y Hacienda por los adelantos a cuenta del futuro recargo sobre la renta

El Gobierno regional de Madrid presiona al Ministerio de Economía y Hacienda para conseguir que en 1985 en adelante cantidades a cuenta del futuro recargo sobre el impuesto de la renta. El consejero de Presidencia, Javier Ledesma, adjudicó ayer la responsabilidad última sobre la aplicación del nuevo impuesto en 1984, o su retraso hasta el ejercicio fiscal de 1985, al departamento de Miguel Boyer. Ledesma aseguró que "nuestra voluntad es que los Ayuntamientos cuenten con el dinero el año próximo; si no lo recibimos de Hacienda tendremos que cobrar el recargo sobre las rentas de 1984". El ministerio no quiere efectuar los adelantos, y afirma, en palabras de un alto cargo, que la aplicación del recargo se retrasará hasta el año próximo.

Ledesma explicó que para conseguir su objetivo la comunidad deberá escoger "entre aplicar el recargo sobre la renta de 1984 o recibir recursos económicos de Hacienda, en concepto de adelanto". La elección dependería del resultado del estudio que realizan los técnicos de Hacienda y de la decisión que adopte este departamento. "Si los ayuntamientos se comprometen a eliminar tasas para compensar la cantidad que deberán abonar los contribuyentes por el recargo", explicó, "no pueden renunciar durante un año a esos ingresos".Sin embargo, el adelanto de cantidades fue calificado de "prácticamente imposible" por un portavoz de Hacienda, "porque los presupuestos están prácticamente cerrados y la entrega de créditos a cuenta chocaría con la intención de reducir el déficit público". Un alto cargo del departamento añadió que la aplicación del recargo quedará aplazada hasta la declaración de la renta que se debe presentar en 1986, correspondiente a 1985.

El Gobierno regional ha aceptado ya, según Ledesma, retirar el artículo 9 del proyecto de ley, sobre cuya presunta inconstitucionalidad se pronunció la Oficina de Coordinación Legislativa del PSOE. La posibilidad de que este artículo fuera anulado por invadir competencias estatales parecía hacer factible que se dedujeran de los impuestos estatales las cuotas del recargo, que es precisamente lo que se desea evitar, de acuerdo con lo que establece la ley orgánica de financiación de las autonomías.

Críticas de Hacienda

La crítica al artículo 9 forma parte también del contenido de un dictamen que la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales, del Ministerio de Hacienda, ha hecho llegar al presidente de la comunidad, Joaquín Leguina. El informe afirma que el proyecto de ley contradice la legislación del Estado.El documento explica que las normas de distribución de los recursos del futuro Fondo de Solidaridad Municipal madrileño no guardan coherencia con las que rigen el Fondo de Compensación Interterritorial, de cuyos ingresos se nutriría en parte. Tarábién expone dudas sobre la legalidad del artículo 2 del proyecto, en el que se enumeran entre los recursos del fondo municipal los procedentes del Fondo de Compensación Interterritorial u otro que pudiera crearse.

El informe critica dos disposiciones adicionales del proyecto. La segunda, que penaliza a los Ayuntamientos que impongan su propio recargo -"carente de fundamento legal" y atentatoria a la autonomía municipal- y la primera, que establece compensaciones económicas favorables a los ayuntamientos que eliminen tasas fiscales o con recaudación por el impuesto de la renta superior a la media de la comunidad.