Los ayuntamientos denuncian la falta de seguridad de los calabozos municipales

La comisión de seguridad ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha expresado al ministro del Interior, José Barrionuevo, su preocupación por la falta de condiciones físicas y de seguridad de numerosos depósitos carcelarios municipales. Un estudio elaborado por la comisión de la FEMP que preside el alcalde de Alicante, el socialista José Luis Lassaletta, evidencia que 447 depósitos carcelarios se encuentran en "malas condiciones de seguridad", 373 depósitos son clasificados como "regulares" y 424 "en buen estado de seguridad".En cuanto a las condiciones materiales, el informe que presentaron el pasado lunes, día 5, al ministro, reconoce que 419 depósitos carcelarios municipales "están en mal estado", 446 reúnen las condiciones apropiadas y solo 394 están "regulares".

La FEMP pretende que las personas detenidas que ingresan en dichos depósitos sólo permanezcan en ellos las 72 horas preceptivas que establece la ley para que un detenido pase a disposición judicial. Al parecer, el tiempo medio que permanecen los detenidos en los depósitos municipales sobrepasa ampliamente este período de tiempo.

"En ocasiones, depósitos carcelarios municipales son utilizados como sustitutivos de las prisiones", comentó ayer Lasseletta, quien añadió que "la Policía Municipal no está preparada para custodiar y realizar funciones de vigilancia de este tipo". Los ayuntamientos pretenden, además, desentenderse de los depósitos carcelarios que no se hallan ubicados en las dependencias municipales, ya que existen 267 de ellos que se encuentran junto a los juzgados. Igualmente, según expusieron a Barrionuevo, exigen la custodia únicamente de aquellos detenidos acusados de delitos menores, "y no de los peligrosos, que son muy numerosos".

Las corporaciones locales, según el informe de la FEMP, sufragan prácticamente la totalidad de los gastos de mantenimiento de los depósitos carcelarios. El coste global por año de los 1.270 depósitos encuestados asciende a 454 millones de pesetas. De esta cantidad, 437 millones provienen de las arcas municipales y 17 millones de pesetas del Ministerio de Justicia.

36.982 personas en 1983

El índice de ocupación de las calabozos municipales fue, en 1983, de 36.982 personas, mientras que durante los diez primeros meses del presente año esta cifra se elevó a 30.067 personas. La procedencia de los detenidos, en los dos últimos años, indica que 21.401 personas fueron detenidas por la Guardia Civil; 12,834 personas, por la Policía Nacional y 15.315 personas por miembros de la Policía Municipal.La comisión de seguridad ciudadana de la FEMP expuso a Barrionuevo, por otra parte, su preocupación por el papel atribuido a las corporaciones locales en el proyecto de ley de Protección Civil, en trámite de aprobación en el Senado. Los Ayuntamientos quieren seguir, como hasta ahora, coordinando los servicios locales de protección civil, y no quedar marginados de los mismos.