El Gobierno sólo seguirá adelante con la ley de Colegios si lo piden los propios profesionales
El Gobierno sacará adelante el anteproyecto de ley reguladora del Régimen Jurídico de Colegios Profesionales "si se lo piden los propios profesionales", según ha explicado Virgilio Zapatero, secretario de Estado para las relaciones con las Cortes y uno de los máximos responsables, después del ministro de la Presidencia, Javier Moscoso, del anteproyecto. "No lo consideramos un proyecto urgente, y por tanto, corresponde decidir a ellos. Si están de acuerdo con el texto, habrá proyecto de ley. Si no se ponen de acuerdo, seguiremos esperando, porque no vamos a sacar una ley en contra de los colegios".
Esta última oferta que ha hecho llegar la Administración a los principales colectivos profesionales será estudiada los próximos días 5 y 6 de noviembre por los 27 presidentes de los consejos generales de colegios que forman parte del club Unión Profesional, entidad que en el proceso negociador de la ley de colegios está actuando como un organismo indicador de buena parte de las opiniones que mantienen las cúpulas de las corporaciones profesionales en torno al problema de la ley. (El total de consejos generales de colegios suma 61, pero los referidos 27 agrupan al mayor número de colegiados).Cataluña ha aprobado su propia ley de colegios profesionales antes de que haya sido promulgada una ley marco sobre esta materia para toda España.
De esa reunión es previsible que salga una petición explícita que harían los profesionales al Gobierno para que se diera marcha adelante, cuanto antes, al proyecto de ley o, por el contrario, quedaría patente una falta de acuerdo que conduciría al Gobierno a dejar las cosas como están. La primera opción es defendida, según algunas fuentes, por el presidente del Consejo General de la Abogacía, Antonio Pedrol, a quien parece apoyar la mayor parte de los presidentes de los consejos generales; mientras que la Organización Médica Colegial y el Consejo General de ATS apoyan, según parece, la segunda opción, es decir, que siga vigente la actual normativa, que data de 1974.
Tras varios meses de consulta y discusión entre diversos colectivos profesionales y la Administración, el texto de anteproyecto de ley fue aparcado por el Gobierno a la vista de las posiciones encontradas de algunas de las corporaciones profesionales tradicionalmente más significativas -entre ellas la de los abogados y médicos- y de las críticas de sectores de nuevas profesiones, como economistas o psicólogos.
Dos puntos conflictivos
Los puntos más conflictivos del texto que mantiene el Gobierno son la colegiación, que será obligatoria excepto para los profesionales que trabajen al servicio de la Administración -en el caso de los médicos son la mayoría-, y el de las funciones de ayuda a la recaudación de Hacienda que deberán desempeñar los colegios. Según el secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, estos principios se van a mantener."Los colegios profesionales tienen sentido", dice Virgilio Zapatero, "fundamentalmente por la exigencia de cumplir con los deberes deontológicos. Esta exigencia, que es una garantía de los ciudadanos, la da la Administración a sus funcionarios y la delega en los colegios profesionales como agrupaciones de profesionales de ejercicio privado. De aquí se desprende que la colegiación sea obligatoria para los pro fesionales privados y, por el contrario, no tenga tal obligatoriedad para los profesionales al ser vicio de la Administración".
Respecto al segundo punto conflictivo, la colaboración de los Colegios con Hacienda, Zapatero opina que se trata de un principio que no está muy con cretado en el texto del antepro yecto y que en ningún caso supone ir en contra de la autonomía de los colegios.
Virgilio Zapatero asegura que es consciente de que este proyecto de ley ha tratado de encontra una fórmula de compromiso, una tercera vía entre quienes desean mantener una estructura corporativa a ultranza -y en este caso la colegiación obligatoria sería uno de su pilares- y quienes son partidarios de la colegiación libre, quienes estiman que la ley no sería necesaria.
Sectores sindicales -especialmente de la UGT-, profesionales del PSOE y colegios de profesiones más recientes, como economistas, psicólogos o sociólogos, han mostrado una clara oposición al proyecto por entender que no sale al paso de las funciones que deben tener los profesionales en una sociedad moderna y democrática.
El retraso en la salida de la ley de Colegios Profesionales amenaza provocar conflictos con otras leyes que regulan también la actividad de los profesionales.
