El consejero andaluz de Salud propone que el Gobierno medie en los conflictos regionales
El consejero de Salud y Consumo de Andalucía, Pablo Recio, propuso durante una conferencia celebrada el miércoles en el Club Siglo XXI, de Madrid, que el Gobierno actúe como mediador en los eventuales conflictos que se produzcan entre distintas comunidades autónomas por sus competencias en materia de consumo.El consejero de Salud y Consumo del Gobierno andaluz señaló que pueden derivarse problemas del hecho de que algunas comunidades autónomas tienen competencias exclusivas de legislación en materia de consumo y llamó especialmente la atención sobre "el riesgo del proteccionismo autonomista que puede originarse en materia de consumo, como ya hay algunos indicios".
En este sentido, se refirió a uno de los principales escollos que, en su opinión, la normativa actual todavía no ha salvado: el conflicto intercomunidades que se plantea cuando se comete una infracción en materia de consumo, pues es la comunidad donde está domiciliada la empresa o entidad responsable la que incoa el expediente sancionador, aunque el presunto daño se haya producido en otra comunidad autónoma.
Sobre este tema, Pablo Recio se pronunció en favor de que la Administración central tenga capacidad arbitral para dirimir litigios entre distintas comunidades en el caso de que se produzcan. "Algunos, de tipo menor, ya se han producido", señaló.
Esta situación, en una concepción más amplia de los problemas que puede llegar a producir, es una "puerta abierta a las guerras comerciales entre comunidades".
Pablo Recio se manifestó plenamente partidario de la existencia de asociaciones de consumidores, "como elemento corrector de la economía de mercado frente a posibles abusos tanto del capital como del trabajo, así como frente al poder de la Administración pública".
Asimismo, declaró que la Administración, "que está obligada al fomento de este tipo de asociaciones", no debe sobrepasar los límites de apoyo para convertirse en un elemento "intervencionista o paternalista", sino que "debe ser la sociedad la que vertebre su defensa en materia de consumo, al margen de otras instituciones sociales, como partidos políticos o sindicatos".
