El Banco de España reforzará los mecanismos de inspección sobre las cajas rurales

El Banco de España, una vez que ha pasado la tormenta de la crisis bancaria y que la inspección en los grandes bancos ha entrado en una etapa de normalidad, trata de llegar a conocer al máximo el estado real de la situación patrimonial de las cooperativas de crédito, especialmente cajas rurales, y de las cajas de ahorro. Para ello estudia en la actualidad la potenciación a corto plazo del Fondo de Garantía de Depósitos en Cooperativas de Crédito y, posteriormente, el de las cajas de ahorro como forma de control.

En la actualidad, los fondos de garantía son los únicos organismos con la potestad legal de exigir a sus miembros la realización de una auditoría externa de control de su balance y cuenta de resultados. De los 135 bancos registrados en España solamente 11 no se han auditado en ninguna ocasión y entre estos últimos no figura ningún gran banco ni ninguna filial de ellos de alguna importancia. Entre las cajas de ahorro sólo una de las 82 existentes no se ha sometido a un control externo como el que proporcionan las auditorías. Por el contrario, entre las cooperativas de crédito, cuyo núcleo fundamental está formado por las cajas rurales, existen 95 de ellas que no tienen auditoría cuando en total suman 153 instituciones financieras.

El nivel de conocimiento y control de estas entidades es, como se puede ver a partir de estas cifras, mucho menor que en el resto de instituciones financieras. Si a ello se une la actuación traumática que se ha realizado a partir de la crisis de la UTECO de Jaén y de la caja rural de esa misma provincia, que provocó el afloramiento de una crisis larvada en otra docena de cajas rurales, se puede entender la preocupación de las autoridades monetarias por esta parte del sector financiero que proporciona una parte sustancial de los recursos financieros a la agricultura.

Convenios con el BCA

La solución buscada para la salida de la crisis de los convenios particulares con el Banco de Crédito Agrícola, entidad de propiedad pública a través de la cual se trata de controlar la actividad de las cajas rurales, presenta algunos problemas, en opinión del Banco de Espada, que tratan ahora de ser corregidos. Por un lado, se señala que el acuerdo marco global Banco de Crédito Agrícola-Cajas Rurales sólo ha sido firmado por 70 de las 153 entidades; el convenio particular, entre el banco oficial y la caja rural concreta ha sido suscrito por 60 entidades. Queda una parte sustancial, por tanto, fuera del control que pueda ejercer el Banco de Crédito Agrícola. Los fondos de garantía de depósitos son el único organismo que puede exigir a sus asociados -entidades que pueden anunciar a sus depositantes que sus ahorros están siempre garantizados hasta un máximo de 1,5 millones de pesetas, cualquiera que sea la situación de la entidad concreta- que se sometan al análisis de una auditoría externa, lo que representa, al menos, enseñar la situación real de la entidad a un tercero.

En este sentido, y aunque desde medios del banco emisor se acepta que la realización de una auditoría no representa que la entidad auditada se encuentre libre de problemas, se considera que es un buen principio para poder llegar a tener un conocer su verdadera situación y tratar de poner en marcha los mecanismos suficientes para que no se vuelva a repetir la crisis bancaria o la de las cajas rurales.

El convenio de las cajas rurales con el Banco de Crédito Agrícola, además de ser limitado en su eficacia en cuanto que afecta a aquellas que lo han suscrito, tropieza con otros dos problemas derivados. El convenio especifica que se realizarán auditorías internas, controladas por el Banco de Crédito Agrícola -que ha absorbido al personal de la Caja Rural Nacional dentro del desarrollo de dicho acuerdo-, que no representan lo mismo que una auditoría externa.

Los fondos de garantía de depósitos, al estar sometidos al control del Banco de Espada y poder expulsar de su seno a aquellas entidades que no acepten las reglas intemas, pueden soslayar estas discusiones sobre quien recaen las competencias de control e inspección.