Seis alcaldes de la zona sur proponen generalizar en la comunidad un recargo del 3% sobre el IRPF

Representantes municipales de seis localidades del sur del área metropolitana de Madrid -Getafe, Leganés, Móstoles, Alcorcón, Parla y Fuenlabrada- acordaron ayer, en una reunión mantenida en Getafe, pedir al presidente de la comunidad autónoma, Joaquín Leguina, que constituya un Fondo Económico de Solidaridad Regional, nutrido en parte con fondos procedentes de la generalización de un recargo municipal del 3% sobre el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Leguina, que se mostró receptivo hacia la propuesta, informó ayer que recibirá a los alcaldes, todos ellos pertenecientes al PSOE, el próximo día 16. A la sesión celebrada en Getafe asistieron los alcaldes de esas localidades o, en su ausencia, el teniente de alcalde.La cuantía del fondo de solidaridad regional se establecería en torno a los 20.000 millones de pesetas anuales, de los que unos 8.000 millones procederían de la aplicación en todos los ayuntamientos de la región de un recargo del 3% sobre la cuota líquida del IRPF.

Joaquín Leguina declaró ayer que tiene un conocimiento impreciso del asunto, pero afirmó que "si los ayuntamientos quieren iniciar la reforma fiscal que preverá la futura ley de Régimen Local, la comunidad autónoma está dispuesta a echarles una mano". Leguina indicó que, no obstante, como compensación deberían eliminarse otros impuestos municipales "que no hacen sino molestar al ciudadano".

La propuesta de los seis representantes municipales, que parece haber sido cuidadosamente estudiada y basada en estudios de los técnicos de las respectivas haciendas locales, pretende que los 178 ayuntamientos madrileños impongan de forma voluntaria el recargo del 3% sobre elIRPF y entreguen los recursos obtenidos a la comunidad autónoma, que se encargaría de gestionar y redistribuir el dinero del fondo entre los ayuntamientos, de acuerdo con criterios correctores basados en el número de habitantes y las necesidades de cada municipio.

Previsto en la LOFCA

La posibilidad de que sea la propia comunidad autónoma la que imponga el recargo de forma obligatoria está recogida desde el 1 de octubre de 1980 en el artículo 12, apartado 1, de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Esta ley establece que las comunidades autónomas "podrán establecer recargos sobre los impuestos estatales cedidos, así como sobre los no cedidos que graven la renta o el patrimonio de las personas físicas con domicilio fiscal en su territorio". Esta última posibilidad no ha sido aún regulada en ninguna de las 17 comunidades. Los pactos autonómicos de julio de 1981 entre UCD y PSOE previeron una ley que desarrolle ese aspecto de la LOFCA, y fijaron un plazo que se cumplió meses después sin que hasta el momento tal texto haya sido aprobado.

El alcalde de Getafe, Pedro Castro, declaró ayer que la propuesta de creación del fondo y generalización del recargo sobre el IRPF tiene por objeto crear la posibilidad de que los ayuntamientos que lo necesiten reciban ayuda. Castro reconoció que todos los ayuntamientos tienen problemas económicos, pero destacó que "existe en Madrid una gran desigualdad de equipamientos entre unos y otros municipios, especialmente entre los de la zona Norte y la zona Sur". Sebastián Carro, portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Getafe, se mostró ayer en desacuerdo con la propuesta por considerarla "un aumento más de la presión fiscal".

La propuesta de los seis alcaldes o tenientes de alcalde, cuyos municipios cuentan en total con una población de derecho superior a 700.000 habitantes, consiste en que se redistribuyan los recursos del fondo de acuerdo con dos variables: el 75% en función del número de habitantes y el 25% según el grado de necesidad de cada ayuntamiento. El fondo se financiaría básicamente con el producto del recargo sobre el IRPF (8.000 millones) y los ingresos del Fondo de Compensación Interterritorial y el presupuesto del Plan Provincial de Obras y Servicios (12.000 millones en total).

Según datos en posesión de los seis ayuntamientos autores de la propuesta, las diferencias de cotización media por el IRPF según los municipios llegan al 1.000%. Mientras la cifra media de cotización en la comunidad madrileña en 1982 fue de 39.756 pesetas, en Madrid capital se elevó a 48.415 pesetas, en Boadilla del Monte a 103.626 pesetas y en Parla fue de sólo 11.814 pesetas.