El grupo judicial progresista cree que la reforma diseñada por el Gobierno es insuficiente para democratizar la justicia

El secretariado del colectivo Jueces para la Democracia, que agrupa a jueces y magistrados considerados progresistas, analizó el pasado fin de semana el proyecto de ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ), remitido por el Gobierno al Parlamento y duramente criticado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Jueces para la Democracia rechaza las opiniones que lo han calificado globalmente de "regresivo" y "atentatorio a la independencia judicial"; lamenta la preocupación corporativista mostrada por el órgano de gobierno del poder judicial es sus críticas al proyecto; y resalta a su vez los defectos del texto gubernamental que, en su opinión, son insuficientes para una profundización de la democracia.

Tras las reuniones celebradas en toda España por los miembros de Jueces para la Democracia durante la pasada semana, el sábado y el domingo últimos las diferentes posiciones fueron expuestas en Madrid por los miembros del secretariado Juan Alberto Benlloch, Luciano Varela, Jesús Peces Morate, Jesús Fernández Entralgo, Miguel Carmona, Emilio Berlanga y Cándido Conde-Pumpido Tourón. Este último, como portavoz del colectivo -formado por 200 jueces y magistrados, un 10% del total-, dio cuenta a EL PAIS de la aportación que Jueces para la Democracia quiere hacer al debate nacional sobre la reforma de la justicia.El secretariado de la corriente progresista de la judicatura, que adoptó sus acuerdos por consenso, lamentó que, en un momento en que la administración de justicia se encuentra en un estado crítico y cuando se plantea la posibilidad de su reforma, los órganos representativos del poder judicial susciten básicamente "temas como la edad de jubilación de los jueces o el sistema de acceso a la carrera, como si fueran éstos los únicos problemas que afectan a la justicia".

Igualmente, lamentó que no exista, en cambio, "un auténtico debate sobre cuáles vayan a ser en definitiva la estructura y las condiciones de funcionamiento de juzgados y tribunales, de modo que se construya un poder judicial que, como poder político, responda al modelo constitucional, y, como servicio público, sea eficaz".

Jueces para la Democracia expresó su satisfacción por la acogida que hace el proyecto de ley de algunas de las conclusiones aprobadas en el congreso celebrado por esta corriente en Sitges el 11 y el 12 de febrero últimos, en concreto sobre la incorporación, sin oposiciones, de junstas a los juzgados y tribunales y sobre el sistema proporcional de elección de los 12 miembros de procedencia judicial del Consejo General. Respecto al acceso sin oposiciones, ha señalado que tal incorporación puede ser "enriquecedora y positiva".

En cuanto al sistema de elección, considera que al través de ella podrá conseguirse una composición más armónica del CGPJ, en el que estén representadas las diversas corrientes de pensamiento existentes entre jueces y magistrados, que permitirá, con el complemento de los ocho vocales de procedencia parlamentaria, que el Consejo desempeñe con objetividad su función constitucional, "sin tentaciones de intervención partidista en la política del país".

En cambio, deploraron la postura de la mayoría de los actuales componentes del CGPJ, que reiteradamente se ha opuesto a este sistema "y pretende así perpetuar la ocupación del Consejo en exclusiva, evitando la representación de las minorías". Jueces para la Democracia estima que el sistema vigente para la elección de los 12 consejeros citados "ha acabado por determinar el posicionamiento político conservador del actual Consejo, razón fundamental del tremendo desgaste que ha sufrido la insátución ante la opinión pública".

Independencia del Gobierno

Por lo que se refiere a la configuración del CGPJ, al margen de las críticas que le merece la gestión de la mayoría de sus miembros, el colectivo progresista de la judicatura reafirma su posición favorable a un órgano de gobierno autónomo, del poder judicial, ya que "la independencia del poder judicial, como valor constitucional del máximo rango y como garantía necesaria en un Estado de derecho, implica reducir al mínimo la competencia gubernativa sobre la justicia del poder ejecutivo y residenciar de modo pleno en el CGPJ todas las facultades inherentes a una función efectiva de gobierno, sin perjuicio del necesario control parlamentario y de la absoluta reserva de ley en lo que respecta al estatuto jurídico de los jueces y magistrados".

Jueces para la Democracia destaca como positiva la publicidad de los votos particulares en los tribunales colegiados -actualmente estos votos son secretos-, que dará una mayor transparencia pública a sus decisiones, el reconocimiento de la libertad asociativa de jueces y magistrados y la introducción de principios democráticos en la composición de los órganos de gobierno de los tribunales superiores de justicia y audiencias, así como la regulación de las juntas de jueces y la limitación temporal de los cargos de presidentes de las mismas.

La organización de jueces progresistas señala, en cambio, la discrepancia con el proyecto guhemamental en otros puntos, tales como el mántenimiento de la Audiencia Nacional como tribunal especial y la insuficiente presencia de las autonomías en la organización del servicio público de la justicia, el no reconocimiento pleno de la cooficialidad del catalán, gallego y vascuence en sus respectivos territorios y el mantenimiento de una carrera "fuertemente jerarquizada y sacralizada".

El jurado, pospuesto

Jueces para la Democracia censura también que el proyecto de ley orgánica del Poder Judicial no prevea, dentro del esquema ordinario de organización judicial, la existencia del tribunal del jurado, "que parece" dice, posponerse indefinidamente". En opinión del secretariado, la ley orgánica debería precisar qué tipo de jurado va a establecerse, dónde va a estar incardinado y el plazo previsto para su puesta en funcionamiento.

Asimismo, critica que el proyecto de ley no estructure una Policía Judicial "dependiente de los jueces, de los tribunales y del ministerio fiscal, cómo establece el artículo 126 de la Constitución". "Nos parece censurable", señala, que se degrade este mandato constitucional a la posible creación de unidades de policía judicial. con dependenciafuncional de las autoridades judiciales y del ministerio fiscal.

Por último, el colectivo progresista estima que no existen rázones válidas para oponerse a que los jueces tengan. un sistema y edad de jubilación igual al de los demás funcionarios públicos, "si bien por razones coyunturales su implantación debería tener mayor flexibilidad".