Marcos acusa al arzobispo de Manila de "avivar las llamas de la rebelión"
El presidente filipino, Ferndinand Marcos, acusó ayer al arzobispo de Manila, cardenal Jaime Sin, de violar la Constitución y fomentar la rebelión y amenazó con detener a quienes participen en la manifestación de protesta prevista para el próximo domingo. Marcos afirmó, en un mensaje televisado, que el arzobispo ha violado el precepto constitucional de separación entre Iglesia y Estado y que, al dirigirse recientemente a círculos empresariales de Manila, "avivó las llamas de la rebelión".
El cardenal Sin, que es también presidente de la Conferencia Epis copal Filipina, había invitado el pasado 2 de octubre a los hombres de negocios de la capital a unirse a la manifestación contra el régimen prevista para el domingo. La ma nifestación, que tendrá lugar en el centro de Manila, está convocada para protestar por la actuación de las fuerzas del orden en la repre sión de una manifestación de protesta el 27 de septiembre, en la que una persona resultó muerta y varias heridas. Sin calificó aquella actuacion "salvaje y brutal". La invitación del cardenal para participar en "el Parlamento de la calle", para que el presidente veaque "el desencanto y descontento no son exclusivos de los estudiantes y obreros", tuvo una acogida favorable entre los empresarios. Marcos advirtió ayer que la policía "podría verse forzada a practicar detenciones, tanto entre los dirigentes como entre sus seguidores", ya que, dijo, "el Gobierno tiene que demostrar que es capaz de hacer cumplir la ley". Para defender su prestigio en las delicadas conversaciones de la renegociación de la deuda, dijo Marcos, el Gobierno no debe dar la impresión de ser débil e incapaz y no tolerar por más tiempo "las manifestaciones ilegales de la plebe".
Por otra parte, han surgido serias diferencias en el seno de la comisión que investiga el asesinato de Aquino, la publicación de cuyo informe ha sido aplazado, según un miembro de la citada comisión. El principal punto de fricción entre los componentes del grupo estriba en si hay o no evidencias suficientes para implicar al general jefe de las Fuerzas Armadas, Fabian Ver. Al parecer, la solución no va a ser fácil y la publicación del informe puede retrasarse hasta final de mes.
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