Seis provincias españolas ganaran un diputado y otras tantas lo perderán

Seis provincias españolas, entre ellas Madrid, ganarán un diputado en el Congreso, y otras tantas lo perderán, de acuerdo con el nuevo sistema de reparto de escaños por circunscripciones introducido por el proyecto de ley Electoral aprobado por el Gobierno en el último Consejo de Ministros y enviado a los portavoces de los grupos parlamentarios. Expertos electorales restaron significado político a esta variación, alegando que parece buscar exclusivamente una mayor proporcionalidad. Además de Madrid, las provincias que ganarán un escaño con respecto a los que poseen actualmente serán Alicante, Cádiz, Málaga, Las Palmas y Valencia, mientras que lo perderán Asturias, Badajoz, Cuenca, Jaén, León y Tenerife.

Las reacciones suscitadas ayer al conocer los grupos parlamentarios el proyecto de ley del Gobierno permitían suponer, confirmando lo dicho el pasado miércoles por el vicepresidente Alfonso Guerra, que, exceptuando el PCE, existe un cierto grado de consenso en las cuestiones fundamentales de este importante proyecto de ley orgánica. Sin embargo, menudean las discrepancias en cuestiones accesorias, y el secretario general de AP, Jorge Verstrynge, llegó a asegurar que hasta ayer apenas conocía sólo una tercera parte del proyecto de ley, pese a las frecuentes conversaciones sobre el asunto que ha mantenido con Guerra.Las escasas variaciones en el proyecto respecto a los temas cruciales del decreto-ley de 1977 que actualmente regula esta materia hacen que resulten más significativas otras modificaciones de tono aparentemente menor. No se modifica ni el número de diputados y senadores actual -contra los planes iniciales del Gobierno, que pretendía aumentar el número de diputados hasta 400, desde los 350 actuales-, ni el número mínimo de dos escaños por provincia, ni el sistema mayoritario de elección en el Senado, ni el método D'Hondt para el reparto del Congreso. Sin embargo, entre las significativas variaciones de tono menor se encuentra la ya citada de la cuota de reparto de escaños por provincia, que producirá las 12 variaciones mencionadas al comienzo.

Esta cuota se obtiene, según el artículo 161 del proyecto, de la división del número 248 -que son los diputados restantes tras distribuir el mínimo de dos por provincia- por la cifra total de la población de derecho en toda España; a continuación se adjudicarán a cada provincia tantos diputados como resulten, en números enteros, de dividir la población de derecho provincial por la cuota de reparto. Los restos se distribuyen asignando un escaño a las provincias cuyos cocientes tengan una fracción decimal mayor.

Incompatibilidades

Otro punto polémico del proyecto se encuentra en el artículo 118, que prohibe que cualquier persona física o jurídica done más de un millón de pesetas a la campaña electoral de una candidatura. Esta disposición, que trata de impedir situaciones de control monopolístico sobre los partidos, al tiempo que refuerza la dependencia de éstos de los créditos oficiales y bancarios, fue ayer duramente criticada como "incomprensible" y "absurda" por representantes de la oposición conservadora. El Grupo Popular tampoco parecía mostrarse muy conforme con el sistema de incompatibilidades de los parlamentarios, incluido en esta misma ley, por entender que 9lería el Parlamento de mediocridades y aleja a la gente realmente brillante".

El capítulo de control de gastos resulta especialmente reforzado en el proyecto, una vez que los gastos electorales de los partidos durante las campañas quedan limitados a 40 pesetas por hablante y 20 millones por circunscripción, lo que impedirá, se calcula que ninguna formación pueda gastar más de 2.500 millones en una campaña. Expertos electorales de varios partidos opinaron ayer que esta cantidad podría resultar un tanto "exigua".

El Tribunal de Cuentas tendrá amplias facultades para controlar el cumplimiento de estas limitaciones, así como para fiscalizar las cuentas bancarias en las que los partidos deberán obligatoriamente centralizar sus finanzas. Por su parte, tanto los bancos que concedan créditos como las empresas que contraten con los partidos por más de un millón de pesetas se verán obligados a declarar estos extremos a las juntas electorales.

El proyecto trata de agilizar los dictámenes del Tribunal de Cuentas, cuyo visto bueno será imprescindible para que los partidos reciban las subvenciones derivadas de sus resultados electorales'. Estas subvenciones son notablemente incrementadas, dado que consistirán en millón y medio de pesetas constantes por escaño en el Congreso o en el Senado, más 60 pesetas por cada voto logrado en el Congreso y 20 en el Senado.