Sólo el PCE apoyo ayer en el Congreso el proyecto socialista sobre Represión Fiscal

El Congreso de los Diputados aprobó ayer por la tarde en debate de totalidad el proyecto de ley de Represión Fiscal, que contó con los votos en contra de conservadores, centristas, Minoría Catalana y Grupo Vasco. Toda la oposición, salvo los comunistas, votó a favor, del texto alternativo del Grupo Centrista, defendido por José Miguel Bravo de Laguna. Al defender el proyecto sobre la represión del fraude fiscal, Miguel Boyer, ministro de Economía y Hacienda, afirmó que el texto es absolutamente necesario, dadas las circunstancias sociológicas de España, donde se produce un alto grado de defraudación. En la exposición de motivos de la ley figuran los dos dictámenes elaborados por la comisión para la evaluación del impuesto sobre la renta de las personas risicas (IRPF), que señala que las declaraciones presentadas en los años 1979 y 1980 fueron inferiores en un 55% y 59%, respectivamente, a las cifras reales.

También en ambos informes se señaló que las rentas totales declaradas supusieron un cumplimiento tributario del 42,2% en 1979 y del 46,2% en 1980.

Uno de los temas polémicos de la sesión fue el sistema de estimación objetiva singular, que, según datos oficiales, mantiene un beneficio declarado por los contribuyentes que permanece prácticamente estancado desde 1979. El proyecto contempla las clases de infracciones tributarias, uno de cuyos apartados se refiere al no ingreso de la totalidad o parte de la deuda tributaria, o de las cantidades retenidas o que se hubiera debido retener.

En las clases de sanciones se fijan las multas pecuniarias y las suspensiones por plazo de hasta un año del ejercicio de profesiones oficiales tales como registradores, notarios, corredores de comercio y agentes de cambio y bolsa. La sanción de las infracciones simples será entre 1.000 y 150.000 pesetas; los incumplimientos de obligaciones de índole contable serán sancionados entre 10.000 y 200.000 pesetas; la inexactitud, falseamiento u omisión de una o varias operaciones de contabilidad se sancionarán con multas entre 25.000 y 1.000.000 de pesetas, y la resistencia, éxcusa o negativa a la actuación de la inspección de tributos tendrá multa entre 50.000 y 1.000.000 de pesetas.

Boyer afirmó que el secreto profesional no alcanzará a datos privados. El conservador Juan Ramón Calero ciñó la defensa de su enmienda a la totalidad a tres puntos fundamentales.

Porcentaje de participación

Según el diputado conservador, el proyecto gubernamental tiene un claro espíritu represivo, otorga excesivos poderes discrecionales al Ejecutivo e introduce graves fallos técnicos. Juan Ramón Calero resaltó que la ley considera al español defraudador, y la presunción de criminalidad que significa la consideración de las actas levantadas por la inspección tributaria limita indebidamente la garantía de los contribuyentes. Por otro lado, la comisión de Economía del Congreso aprobó ayer, con sólo los votos socialistas, la ley que fija los porcentajes de participación de las autonomías en los ingresos del Estado para 1984.