El presupueno tarde y en domingo

EL CONSEJO de Ministros celebrado ayer ha aprobado el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Esta do y de la Seguridad Social y ha adoptado decisiones que afectarán al funcionamiento de 2.484 kilómetros de vías férreas. Aunque los ministros dedicaran un día fes tivo para celebrar esa sesión extraordinaria, los funcionarios que tienen encomendada -al menos teóricamente- la tarea de informar a los medios de comunicación y a la sociedad entera de las actuaciones del poder eje cut ivo optaron por santificar la fiesta, cerrar el tendere te, despachar una lacónica nota y endosar a los titulares de las carteras respectivas el trabajo del portavoz del Gebierno. Para disponer de mayor información habrá que aguardar, así pues, a que los ministros de Economía y Hacienda y de Transportes, Turismo y Comunicaciones ofrezcan sendas conferencias de prensa sobre el temario. Dado que el envío por el Gobierno al Congreso de los Diputados del proyecto de ley de presupuestos será realizado ya fuera de plazo, no termina de entenderse la fecha elegida para ese Consejo de Ministros extraordinario, que ha resultado inútil para que el poder ejecutivo cumpliese a tiempo sus compromisos constitucionales y que ha aplazado también, por el estricto y poco sincronizado respeto de la oficina del portavoz del Gobierno al descanso dominical, el detallado conocimiento por la opinión pública de las decisiones adoptadas y las materias discutidas en tomo a la mesa del Consejo de Ministros. Resulta de todo punto incomprensibe, por lo pronto, que el Gobierno se haya refugiado en un silencio vergonzante y no haya expuesto las razones que pudieran disculpar -aunque nunca justificar- la aparatosa desviación del ordenamiento jurídico que significa la demora del poder ejecutivo en el envío al Congreso de una ley tan básica para el funcionamiento del Estado como son los presupuestos generales. Con su retraso, el poder ejecutivo no ha orillado una simple costumbre ni ha perpetrado una falta de cortesía con el poder legislativo, sino que ha incumplido, lisa y llanamente, un auténtico mandato constitucional. En efecto, el artículo 134 de nuestra norma fundamental, tras establecer que corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación, ordena de manera taxativa que "el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior".Desde la aprobación de la Constitución, sólo la disolución anticipada de las Cortes Generales en agosto de 1982 y la correspondiente convocatoria de las elecciones legislativas del 28-O habían impedido, y en esa ocasión de forma plenamente justificada, el cumplimiento de esa imperiosa obligación gubernamental. En un sistema democrático, el poder ejecutivo debe cuidar hasta el escrúpulo su respeto por las normas, y no privilegiar sus propios incumplimientos con la aplicación de la ley del embudo o la despectiva alusión al formalismo de los procedimientos. Pero el retraso del Gobierno, que le ha llevado a incumplir su obligación constitucional de presentar a tiempo ante el Congreso de los Diputados el proyecto de los presupuestos, posee además otras graves implicaciones. Es evidente que el acortamiento de los plazos disponibles para que las Cortes Generales examinen, enmienden y aprueben las cuentas del Estado camina en detrimento de las oportunidades brindadas al poder legislativo para debatir los presupuestos. Durante su etapa opositora, los socialistas criticaron virulentamente a los sucesivos Gobiernos centristas por las escasas facilidades que una apresurada tramitación de los presupuestos concedía al análisis y a la información. Los mismos argumentos pueden dirigirse ahora, con el pecado añadido del incumplimiento del plazo constitucional establecido, al Gobierno de Felipe González. Los tira y afloja en la negociación del Acuerdo Económico y Social (AES) y la demora en la firma de ese pacto no pueden ser esgrimidos, sin desdoro para la posición central que debe ocupar el poder legislativo en el sistema parlamentario, como excusas del retraso en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado. Si el aplazamiento de la crisis ministerial, abortada en el mes de julio, pudo ser oficiosamente explicado en función de la conveniencia de impedir que el anunciado reajuste influyese negativamente en la elaboración de los presupuestos por el Gobierno, hay que preguntarse ahora hasta qué punto esas irresueltas tensiones en el seno del Gabinete no han operado precisamente como factores obstaculizadores para el cumplimiento de ese mandato constitucional que el poder,ejecutivo se ha tomado a beneficio de inventario.