Una divisoria de aguas

LA DECISIÓN de Francia de extraditar, a tres activistas de ETA Militar acusados por la Administración de justicia española de alevosos crímenes ha sido el resultado de un largo y meditado proceso en el que han intervenido los tribunales, el Gobierno y el Consejo de Estado del país vecino. La llegada a Madrid de los tres etarras culmina así la perseverante estrategia del Gobierno de Felipe González, cuya capacidad para convencer a las autoridades de París de la buena fundamentación de las peticiones de extradición ha llegado hasta el punto de modificar los puntos de vista sobre el derecho de asilo vigentes en buena parte de la sociedad francesa. Mientras la mayoría liberal-conservadora. de Giscard jamás aceptó las solicitudes de los sucesivos -Gobiernos centristas españoles para extraditar a miembros de ETA, los socialistas, instalados en el Gobierno a uno y otro lado de los Pirineos, han sido los actores de un acuerdo que tendrá una repercusión histórica sobre la mejoría de las relaciones hispano-francesas y la definitiva consolidación de nuestras instituciones democráticas.El éxito del Gobierno González es tanto más importante cuanto que la decisión del Gobierno francés ha tenido que superar considerables obstáculos. La huelga de hambre de los presos sometidos al proceso de extradición había suscitado en influyentes medios franceses esas reacciones emotivas de compasión que rodean inevitablemente a las dramáticas apuestas humanas que juegan con la propia muerte. La defensa realizada en el inmediato pasado por dirigentes conservadores y gaullistas de una interpretación extensiva del derecho de asilo, que permitía incluir dentro del ámbito de protección de esa garantía a los terroristas de ETA, hacía todavía más difícil para la izquierda francesa la ruptura de esos precedentes tradicionales. Para colmo, algunas de las voces que criticaron, a este lado de la frontera, la concesión de las extradiciones procedían -como en el caso del presidente del Gobierno de la comunidad autónoma vasca- de titulares de órganos constitucionales elegidos por sufragio universal o de figuras tan represen tativas de la historia democrática española como Tarradellas. Finalmente, la abusiva teoría según la cual los móviles políticos o el fanatismo ideológico de los perpetradores de crímenes autorizaría para absolverlos de la sangre derramada se halla bastante arraigada en el aristocratismo corporativista de la clase política, demasiado propensa a creer, tanto en la izquierda como en la derecha, que los asesinatos o los delitos cometidos para conquistar o conservar el poder son de distinta naturaleza moral que los crímenes relacionados con el sexo o con la propiedad.

La concesión de las extradiciones implica no sólo el definitivo entierro de las vacilaciones y las reticencias acerca de nuestros niveles civilizadores con que la derecha de Giscard había humillado a la España constitucional, sino también el reconocimiento por Francia de que nuestro sistema democrático resulta cualitativamente parangonable a los restantes regímenes europeos de Gobierno representativo. Resulta evidente que la democracia no es un estadio terminal, sino un proceso. El edificio cuyas paredes maestras descansan sobre la Constitución de 1978 se halla todavía en construcción y presenta en ocasiones grietas y fisuras. Sin embargo, también es indiscutible que los restantes regímenes democráticos europeos, igualmente aquejados de defectos autoritarios y de carencias participativas, no se diferencian en sus aspectos sustantivos de nuestro sistema político. Para poner un ejemplo, el mantenimiento de la Audiencia Nacional y la vigencia de la legislación antiterrorista, que en estos días está siendo refundida por el Congreso de los Diputados, pueden ser considerados como unos lamentables residuos del pasado que los progresos del espíritu constitucional deberán, antes o después, suprimir. Pero también es verdad que esas desagradables excrecencias no invalidan la existencia de un sistema de Gobierno representativo en España y que otros países europeos de vieja tradición democrática han soportado esas feas lacras durante algunas etapas de su reciente historia. La España contemporánea, en suma, no es el arquetipo platónico de la democracia ni el estadio terminal de una utopía participativa. Pero los rasgos fundamentales de su estructura política, pese a sus ímperfecciones y a sus carencias, no desmerecen en su comparación con otros países europeos.

Las extradiciones significan un considerable avance para acabar definitivamente con el santuario que permitió, durante casi 15 años, al terrorismo de las diferentes ramas de ETA gozar de la impunidad inmediatamente antes o inmediatamente después de la perpetración de sus crímenes. Pero la decisión de Francia implica también, para el nacionalismo radical, una auténtica divisoria de las aguas en otro aspecto estratégico decisivo. Hasta ahora, la justificación de la violencia terrorista ante, la opinión pública francesa e internacional había sido que ETA no luchaba en realidad contra un régimen democrático, sino contra una astuta variante de franquismo sin Franco, simple dictadura militar encubierta con ropajes parlamentarios. Hemos señalado ya que el alineamiento de Francia con el Gobierno español en la cuestión de las extradiciones termina con ese estúpido embeleco, que era ya insostenible después de las primeras elecciones democráticas y de la aprobación de los estatutos vasco y catalán, pero que resultaba simplemente absurdo tras el intento de golpe de Estado del 23 de febrero. Ahora bien, la deslegitimación del programa mínimo de ETA como lucha antifascista sólo contra España obligaría, lógicamente, al nacionalismo radical y violento a sacar de los cajones su programa máximo, esto es, su cruzada por un País Vasco independiente, unificado, colectivista y euskaldún, que también incluyese a Francia, dentro de cuyas fronteras soberanas están los, territorios irredentos de Laburdi, Zuberoa y Baja Navarra, como objetivo de los atentados terroristas. Pero la insensatez suicida de un planteamiento que extendería la espiral del crimen al otro lado de la frontera, donde los vasco-franceses no disfrutan de un régimen autonómico y ni siquiera se hallan integrados en un departamento, resulta demasiado evidente para imaginar que alguien pudiese abrazarlo. Las puertas abiertas por el Gobierno González a la reinserción social de los ex militantes de ETA que eligieran el camino de la convivencia democrática pueden ayudar a que las tentaciones apocalípticas de algún grupo de iluminados no sean seguidas por quienes conserven todavía un mínimo de respeto hacia la vida de sus semejantes.