Los tres 'etarras' entregados por Francia a las autoridades españolas

Los tres 'etarras' entregados por el Gobierno francés llegaron esta madrugada a Madrid

París - 27 sept 1984 - 00:00CEST

El Gobierno francés entregó ayer a las autoridades españolas a los tres miembros de ETA cuya extradición había concedido el domingo pasado, una vez conocido el dictamen favorable del Consejo de Estado. Los tres presuntos terroristas, a los que se les acusa, entre otros delitos, de nueve asesinatos, llegaron a la 1.25 horas de hoy al aeropuerto militar de Getafe en un avión militar francés e inmediatamente fueron conducidos al Hospital Penitenciario de Madrid, donde ingresaron poco después de las dos de la madrugada. La extradición, que marca un hito en la colaboración antiterrorista de los Gobiernos francés y español, se produjo en una pretendida jornada de huelga general en el País Vasco, convocada por Herri Batasuna, que no fue ampliamente secundada, a pesar de la coacción ejercida por piquetes de simpatizantes de ETA, que provocaron numerosos incidentes.

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Ayer, a las ocho de la tarde, despegó del aeropuerto de Villacoublay, al norte de París, el avión que transportaba a los tres presuntos militantes de ETA Militar que momentos antes habían sido condenados definitivamente a la extradición, tras el último recurso legal que constituía el Consejo de Estado francés, que se pronunció en dicho sentido.Francisco Javier Lujambio, José Manuel Martínez y Carlos García Ramírez, los tres etarras, se encontraban en la cárcel parisiense de Fresnes.

El Consejo de Estado fundó su rechazo del recurso contra la extradición en dos elementos esenciales: en que un asesinato no es por naturaleza un crimen político, y en que España ofrece garantías democráticas suficientes. El primer ministro francés, Laurent Fabius, anoche mismo, en el momento preciso en que despegaba el avión con los vascos hacia Madrid, hizo una declaración al segundo canal de la televisión francesa en términos similares a los empleados por el Consejo de Estado: "Se trataba de hechos criminales, y España es una democracia".

El Consejo de Estado en Francia es la jurisdicción administrativa máxima, que puede anular un decreto firmado por el primer ministro del Gobierno, como el que ha precipitado definitivamente la extradición de los vascos.

En consecuencia, éste constituía el último recurso legal al alcance de los etarras para intentar anular las opiniones favorables a la extradición emitidas por el tribunal de Pau, por el de casación o Tribunal Supremo de París, y el decreto del Gobierno firmado por el primer ministro y por el ministro de Justicia.

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El Gobierno de París ha dado por finalizada su intervención en la cuestión de las extradiciones después de agotar todas las posibilidades jurídicas que ofrecen las diversas normativas francesas. El Consejo de Estado funda su decisión de dar vía libre a las extradiciones en dos puntos capitales. Primero, en que "un asesinato, por naturaleza, no es un crimen político". Segundo: las garantías democráticas que, a su juicio, ofrece el país demandante de la extradición, es decir, España, y su justicia concretamente. Añade el Consejo de Estado que el crimen podía ser político debido a sus móviles, pero en el caso presente de los vascos Ia gravedad de los crímenes es tal que el móvil político no es suficiente".

La sesión del Consejo duró alrededor de tres horas, durante las cuales, por un lado, un juez defendió la anulación de la extradición solicitada por los vascos, sosteniendo fundamentalmente que se trataba de hechos políticos y no de delitos comunes.

Los ocho jueces del Consejo de Estado y su presidente escucharon igualmente al que se denomina "comisario del Gobierno", que no es un juez nombrado por el Ejecutivo, sino un miembro más del Consejo de Estado, designado específicamente para que haga una interpretación del recurso.

Después de estas dos intervenciones, los miembros del Consejo de Estado se retiraron para deliberar durante hora y media aproximadamente, y después en público (la sesión también lo fue) anunciaron el rechazo de la anulación de las extradiciones solicitada por los abogados de los tres activistas; es decir, que esta jurisprudencia suprema ha confirmado todas las decisiones anteriores (tribunal de Pau, tribunal Supremo y Gobierno francés). Esto es lo que suele ocurrir generalmente, aunque existía el precedente relativo a un anarquista español cuya extradición fue rechazada por el Consejo de Estado a pesar de que el Gobierno se había mostrado favorable (ver EL PAIS del martes).

Los portavoces del Consejo de Estado, respondiendo a preguntas de algún periodista, recalcaron que esa jurisdicción, al afirmar que el asesinato no es, por naturaleza, un crimen político, no han querido decir que Ios crímenes cometidos por los activistas vascos son delitos de derecho común".

También se consideró nulo el alegato del abogado que defendió la anulación de las tres extradiciones consistente en intentar demostrar que el Gobierno español actuaba por oportunidad política.

Los tres etarras, José Carlos García Ramírez, Francisco Javier Lujambio y José Miguel Martínez Beiztegui, deberán responder de nueve delitos de asesinato ante la Audiencia Nacional.