El Poder Judicial cree correcta la vía seguida para conceder beneficios a presos 'ultras'
El Consejo General del Poder Judicial informó ayer que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias no ha recurrido contra las resoluciones de algunos jueces de vigilancia (control de penados) que, "tras un procedimiento irreprochablemente tramitado", han permitido rebajar la clasificación penitenciaria a algunos reclusos condenados por acciones criminales reivindicadas en su día por la extrema derecha, cuya concesión sorprendió a la primera institución.
El Consejo presidido por Carlos Federico Sainz de Robles, comunica que "las resoluciones no han sido recurridas por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, como se afirma en ciertos medios de comunicación", y añade que "la legislación vigente no deja de samparados a quienes se consi deren agraviados por la decisión judicial". En este sentido precisa que, "hasta el momento, este Consejo no tiene noticias de que ningún interesado o defensor, aparte de manifestaciones verbales a la Prensa haya utilizado ninguna actuación al respecto".Fuentes penitenciarias calificaron de "correctas" las afirmaciones del Consejo General del Poder Judicial, que dijeron acatar, aunque puntualizaron que, si no se ha recurrido, lo es porque "no hay posibilidad de recurso explícitamente contemplada". Al frente de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias se encucritra el fiscal en excedencia Juan José Martínez Zato. "El paso del segunde al tercer grado de régimen penitenciario de David Fernández Loza, Félix Pérez Agero, Ángel Blanco Férriz y José Ricardo Prieto Díaz", dice una nota de la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial, "ha sido decretado como consecuencia de dictámenes perfectamente documentados de la Central de observación Penitenciaria y del Equipo de Observación del Centro Penitenciario de Preventivos Madrid-1 (dependientes ambos de la Direcición General de Instituciones Penitenciarias) y de dictámenes favorables del ministerio fiscal".
Resolución en contra
Las fuentes penitenciarias consultadas indicaron que, efectivamente, en los cuatro casos citados la central de observación de los centros donde se encuentran recluidos los afectados propuso rebajar de segundo a tercer grado la clasificación penal, pero advierten que también la propia Dirección General de Instituciones Penitenciarias resolvió en contra".
Con posterioridad a esto, según estas fuentes, los reclusos recurrieron contra la decisión de la Dirección General y los jueces de vigilancia dictaron resolución favorable a rebajar la clasificación penitenciaria, "revocando la de Instituciones Penitenciarias".
La nota del Consejo General del Poder Judicial fue difundida "con objeto de que la opinión pública quede plenamente informada de cuanto concierne al régimen penitenciario de penados por los hechos conocidos comúnmente por Matanza de Atocha, Asesinato de Yolanda González y Atentado contra El Papus y prescindiendo de cualquier valoración sobre el fondo de las decisiones adoptadas".
