El Gobierno francés aplaza el envío de los tres 'etarras' hasta que se pronuncie el Consejo de Estado

Philippe Waguet, el ahogado defensor de los tres miembros de ETA Militar que el Gobierno francés ha decidido entregar a España, estimó ayer que el Consejo de Estado se pronunciará definitivamente sobre el destino de los encausados en el plazo de tres o cuatro días. El ahogado presentó un recurso contra la decisión del Gabinete francés, y decidirá en última instancia el Consejo de Estado, máximo tribunal administrativo. Se da como seguro que el Gobierno de París no enviará a los tres activistas a Madrid hasta conocer la decisión de ese órgano judicial. Los presuntos terroristas esperan en la cárcel parisiense de Fresnes el momento, teóricamente inevitable, de su extradición.

El recurso del representante de los etarras parte de un compromiso político del Gobierno según el cual todo decreto firmado por el primer ministro puede ser impugnado ante el Consejo de Estado. No obstante, se trata de una cuestión teórica, puesto que no figura en ningún texto legal.El recurso ante el Consejo de Estado carece de carácter suspensivo, y el Gobierno habría podido ejecutar su decisión de entregar a los detenidos a partir del momento en que, el domingo último, se pronunció oficialmente en favor de las extradiciones. Así lo hizo con los cuatro que deportó a Togo, que también tenían posibilidad de recurrir ante el tribunal administrativo.

Ahora bien, ocurre que el Ejecutivo socialista, tal como lo explicitó minuciosamente su portavoz y ministro de Asuntos Europeos, Roland Dumas, considera que ha realizado un acto muy grave, el acto de la extradición, y por ello ha querido cumplimentar, entre otros, todos los requisitos legales. El último de éstos, aunque no estaba obligado a respetarlo, es el recurso ante el Consejo de Estado. En este detalle funda el Gobierno actual su diferencia respecto a los anteriores Gobiernos liberales o conservadores, que procedieron a extradiciones, como la del abogado alemán Klaus Croissant (relacionado con la banda Baader-Meinhoff), de manera expeditiva.

En principio, sería de esperar que el fallo del Consejo de Estado se produjese dentro de algunas semanas. Y eso resultaría lo normal, pero el abogado que ha pedido la anulación de la extradición, lo mismo que fuentes gubernamentales autorizadas, estima que en tres o cuatro días los jueces harán público su definitivo veredicto.

Un precedente

Respecto a la sentencia caben dos observaciones: primera, que, en efecto, el Consejo de Estado puede muy bien anular un decreto gubernamental y, en tal caso, los presos etarras quedarían en libertad. Segunda observación: no se considera probable en fuentes francesas que en el caso presente el Consejo de Estado desdiga a los tribunales que han opinado ya -el tribunal de Pau y el Supremo-, y al mismo tiempo al Gobierno.

Ahora bien, y en contra de lo que se dijo ayer en este mismo periódico, existe un precedente en que el Consejo de Estado revocó la decisión del Gobierno sobre una extradición a España. En 1977, la institución referida ya se pronunció contra la entrega de Pedro Astudillo Calleja, anarquista de 48 años reclamado por delitos comunes, que fue condenado primeramente, el 10 de marzo de 1975, por un tribunal de París a un año de prisión, por intento de robo. El encausado alegó ante el Consejo que los hechos imputados por España -robos de armas- tenían carácter político.

Respecto a las extradiciones, la opinión francesa se manifiesta más o menos favorable, y más o menos reticente, sobre todo en la izquierda, ante lo que algunos consideran como "una fecha histórica en el terrorismo europeo". Noticias conseguidas en medios cercanos a los independentistas etarras dejan entender que parece necesario un compás de espera para conocer lo que, realmente, será la etapa diferente que, sin duda, representa para los vascos la nueva lógica del Gobierno francés.

Principios intocables

La izquierda francesa traga como puede el sapo que pata ella supone el renegar, una vez más desde que llegaron al poder, de uno de sus principios intocables, el de las extradiciones, cosa de gentes de derecha o de extrema derecha para los socialistas y comunistas cuando militaban en la oposición. Aún hace menos de una semana, el primer secretario del Partido Socialista (PS), Lionel Jospin, se manifestó contra las extradiciones de los vascos. El diputado socialista del País Vasco francés Jean Pierre Destrade, que ahora es portavoz socialista, justifica como puede una medida "difícil de asumir para los socialistas". Dirigentes de la derecha o del centro aprueban la medida gubernamental, aunque cada cual le reprocha algo, para no coincidir a pies juntillas con el poder contra el que ellos luchan. Sólo aprueba sin reparo la medida la ultraderecha.

La crítica es radical por parte de los grupos ultras minoritarios de extrema izquierda. La Prensa se manifiesta en términos más o menos aprobatorios, a salvo del diario más influyente en la opinión francesa e internacional, el vespertino Le Monde, que considera que el Gobierno ha cometido un error. Dicho diario entiende que la apoyatura jurídica y política del Gobierno es sólida, pero a la hora de ofrecer una conclusión global, el propio director de Le Monde, en un comentario destacado de primera página, escribe: "Que un Estado libre entregue a la justicia de otro país a personas perseguidas por actos de criminalidad política, aunque estos últimos sean moralmente condenables, es un acto grave, chocante". Incluso sobre el terreno, el diario antedicho piensa que la extradición empeorará la situación y no arreglará nada.

Desde un aeropuerto militar ubicado en la periferia parisiense, el de Villacoublay, despegaron en avión el domingo último los cuatro miembros de ETA deportados a Togo (África). Los activistas fueron sacados de Fresnes en dos helicópteros. Es previsible que el mismo procedimiento sea empleado para enviar a España a los tres etarras.