Las extradiciones

LA EXTRADICIÓN de tres presuntos miembros de ETA Militar a España, acordada ayer por el Gobierno de París, significa, en primer lugar, un cambio radical en la actitud mantenida por Francia sobre el terrorismo en Euskadi. Con la decisión de las autoridades galas, el territorio francés efectivamente deja de ser un santuario para la organización terrorista desde el que puedan planificarse con impunidad la estrategia del tiro a la nuca o las extorsiones mafiosas. Por eso, antes que nada, es necesario establecer que el presidente Mitterrand ha tomado una decisión de auténtica colaboración con la España democrática. Por su parte, el Gobierno de Felipe González ha logrado un éxito sustantivo en su estrategia antiterrorista.Durante los últimos meses este proceso judicial y político estuvo jalonado de actitudes emocionales, pronunciamientos apresurados y, en definitiva, envuelto en un mar de confusiones, propicio no pocas veces a la demagogia. Sólo un necio puede pensar que todos los problemas de convivencia política en Euskadi pueden estar resueltos con esta medida. Pero sólo el cese de los asesinatos, las extorsiones y el amedrentamiento de la población puede crear el marco imprescindible para asentar la convivencia democrática. La polémica de las extradiciones ha estado basada, equivocadamente a nuestro juicio, en el terreno de la legitimidad del Gobierno español para conseguirlas, y no en la oportunidad política para solicitarlas.

El Gobierno de Felipe González, no cabe duda, ha conseguido un éxito importante -que hay que relacionar necesariamente también con su oferta de negociaciones (véase EL PAIS del pasado 23 de agosto)-, pero a lo largo de todo este proceso ha cometido también algunas torpezas. Su especial insistencia en que la concesión de las extradiciones significa la negación del carácter político de las acciones de ETA constituye una argumentación estéril y sobre todo innecesaria. Las siniestras acciones de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), el genocidio practicado por los militares en Argentina o los crímenes nazis también tenían para sus autores una intencionalidad política. Pero tanto en estos casos como en el de ETA la posible intencionalidad política subjetiva de los autores no les exime de la condena moral y jurídica. Y, lo que es más significativo, las consecuecias objetivas de sus acciones sólo conducen a un siniestro sistema de convivencia basado en el terror y el amedrentamiento. Por eso, un Estado de derecho tiene fuerza moral para solicitar estas extradiciones, sin que ello constituya ninguna prueba sobre su pureza democrática o pueda suponer una violación de los derechos humanos. Si atendiéramos a esa lógica, el crimen más monstruoso estaría justificado por el simple expediente de que sus autores adujeran motivaciones políticas.

Este planteamiento formal del tema, que debería haberse enmarcado más en el estricto terreno de la cooperación internacional en la lucha contra las bandas terroristas, ha posibilitado también envenenamientos innecesarios en las relaciones con el Gobierno vasco. Per o estas torpezas del Gobierno socialista no justifican ni por asomo la toma de posición de Garaikoetxea y otros líderes. La declaración del Consejo Nacional del PNV del pasado 5 de septiembre, que mete en un mismo saco las acciones de los GAL y las extradiciones, es simplemente una muestra de cinismo y de falta de coraje político. La extradición supone un procedimiento que cuenta con todos los requisitos procedimentales y garan tías jurídicas que precisamente no conceden los asesinatos de los GAL o de ETA.

El Gobierno tenía el deber moral de solicitar y hacer todo lo posible por conseguir que quienes habían perpetrado delitos en el territorio de su jurisdicción se sometieran a un juicio justo y rodeado de todas las garantías procesales. Los crímenes de ETA carecen de justificaciones o atenuantes políticos.

Otra cuestión bien diferente, sin embargo, es la eficacia de esta medida en el proceso de consolidación democrática en Euskadi. Necesariamente su eficacia es limitada. De un lado, el desmantelamiento de las bases operativas y el riesgo de que las acciones terroristas carecen de impunidad en Francia restarán eficacia a la acción terrorista y, por tanto, podrá entenderse con mayor nitidez que el camino de la violencia sólo conduce a un holocausto. Pero de otro, será cada vez, más necesario acrecentar las medidas de reinserción de quienes dejen las armas y hacer posible su reintegración a la vida democrática.

El Gobierno puede estar legítimamente satisfecho de su política en este terreno, pero no ha de embriagarse con un éxito que sólo es parcial y puede volverse en su contra. En Euskadi existe una reivindicación nacionalista, que nada tiene que ver con que unos presuntos delincuentes diriman sus responsabilidades ante los tribunales, y a la que ha de buscarle soluciones políticas imaginativas y audaces. En este terreno es en el que verdaderamente tienen perdida la batalla los profetas del terror y sus exégetas.