Los trabajadores de RTVE están dispuestos a ir a la huelga por defender el convenio

La mayoría de las asambleas de trabajadores de RTVE se está pronunciando contra la decisión del director general de modificar los acuerdos económicos del convenio colectivo a instancias del Ministerio de Hacienda y se muestra partidaria de ir incluso a la huelga por defenderlo. El incremento salarial pactado en RTVE representaría, según Hacienda, el 7,3% en vez del 6,5%, tope máximo fijado por el Gobierno para las empresas del sector público. La asamblea ole Prado del Rey también acordó el jueves pedir al Gobierno la dimisión de Calviño y de su equipo directivo "por incapacidad manifiesta".

Las negociaciones del tener convenio colectivo entre la dirección y los representantes de los trabajadores concluyeron en la madrugada del 5 de julio. La ejecución está paralizada por la intervención de Hacienda que estima no se ajustan a las previsiones de los presupuestos generales del Estado. Hacienda considera que se supera en 185 millones de pesetas el incremento salarial.Un boletín informativo de la comisión negociadora del convenio informa que en la reunión del pasado día 17, la dirección general se alineó con el Ministerio de Hacienda. El exceso de 185 millones de pesetas se corregirá, según la actitud mantenida por la dirección, modificando algunos de los acuerdos del convenio: supresión de la paga "por una sola vez" de 16.000 pesetas a algo más de 10.000 trabajadores y reducción del complemento para mandos orgánicos del 4% al 2%.

Los representantes de los trabajadores manifestaron entonces aceptar la propuesta de la dirección con la condición de que se establezca una cláusula de revisión salarial si este año el IPC supera el 8%, oferta que rechazan la dirección y Hacienda. Se han celebrado asambleas en todos los centros de trabajo de RTVE ayer y anteayer para votar las dos alternativas que propone la comisión negociadora: mantener los términos pactados en el convenio con la posibilidad de ir incluso a la huelga, o negociar otras compensaciones con la dirección general a cambio de la supresión de los 185 millones de pesetas.

La mayoría de los centros de trabajo está votando a favor de la primera alternativa. Esta propuesta ha sido aprobada, según fuentes de la comisión negociadora, por los centros de trabajo de RTVE en Cataluña, Galicia, Zaragoza, y Torrespaña, (Madrid) mientras que en Prado del Rey (Madrid) se votó mayoritariamente -con más abstenciones que votos a favor- la segunda propuesta: negociar compensaciones. Los resultados globales de los acuerdos que adopten las asambleas no se conocerán hasta el próximo lunes.

La asamblea de Prado del Rey también acordó, por unanimidad, enviar un telegrama al Presidente del Gobierno para pedir la dimisión de Calviño por "incapacidad manifiesta" para ejercer el cargo, una de las causas prevista por el Estatuto para que se produzca el cese del director general del Ente Público.

La asamblea del centro de TVE en Galicia acordó. "exigir responsabilidades del director general por la grave dejación de atribuciones que le son propias, al no defender hasta las últimas consecuencias un convenio refrendado con su firma".

El secretario general de CC.OO de RTVE, Jaime Martínez, manifestó que los trabajadores "exigen el derecho legal a la negociación colectiva y a la autonomía de las partes. Hacienda manda y Calviño obedece. RTVE, como dijo el vicepresidente del Gobierno, no está sometida al tope establecido para las empresas públicas y, además, el 7,3% es una subida de miseria. Calviño se apunta a todo: a decir que ha ahorrado 21.000 millones de pesetas y a quitarle ahora a los trabajadores 185 millones. Ahora es incapaz de luchar por mantener lo pactado por los directivos que el designó".

José Santomé, miembro de UGT de RTVE, manifestó que este sindicato es partidario de que se fuerce la tramitación del convenio ante los órganos pertinentes del Ministerio de Trabajo. El sindicato Asociación Profesional Libre e Independiente (APLI) no firmó el convenio, entre otras razones por oponerse a la jubilación forzosa a los 65 años.