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El PSOE ha promovido una docena de empresas para recaudar fondos

Altos responsables del PSOE y de la UGT han organizado, en los últimos cinco años, aproximadamente una docena de proyectos empresariales, destinados a recaudar fondos para el partido y el sindicato, al margen de las fuentes conocidas, que son las cuotas de militantes y la financiación recibida a través de los Presupuestos del Estado. Dichas empresas, que desarrollan sus actividades al amparo de denominaciones registradas legalmente, tienen una característica común, que es la escasa o nula rentabilidad obtenida en casi todos los terrenos abordados.El empresario Enrique Sarasola, a quien se considera muy vinculado al presidente Felipe González, fue la persona que recibió el encargo de sanear el grupo de empresas socialistas, lo que se resolvió con el cierre de varias de ellas y una actividad menor de aquellas que, como Management, SA -ahora denominada de otra forma-, fueron lanzadas como casamadre del grupo. Los responsables formales del sistema son Emilio Alonso, del PSOE, y Paulino Barrabés, de UGT.

Además de las empresas creadas al amparo del PSOE o de la UGT, ambas organizaciones han recibido ofertas para proyectos inmobiliarios, actividades de exportación e importación y servicios, principalmente. Estas ofertas corresponden, en su mayoría, a la época en que el PSOE estaba a punto de obtener el poder, y, por supuesto, a los años en que ha ostentado el gobierno de la nación, el de numerosas comunidades autónomas y el de los principales ayuntamientos.

Buena parte de dichas ofertas han sido rechazadas por la dirección del partido, que tampoco ha utilizado su influencia en casos tan importantes como la obtención de periódicos del Estado, la mayoría de los cuales han escapado al control de las empresas con participación socialista en el proceso de privatización. A la vista de los fracasos empresariales anteriores, y ante el temor de exponerse a acusaciones o escándalos, los dirigentes federales del PSOE recibieron instrucciones estrictas de Felipe González y mantienen una actitud habitualmente poco receptiva a tales ofertas.

Éste es el caso de un negocio de entre 800 y 900 millones de pesetas, que consistía en el cambio de calificación de unos terrenos próximos a Madrid. La dirección federal del PSOE lo rechazó recientemente. Dicho negocio habría supuesto en jugar de un golpe la sexta parte del déficit patrimonial y de las deudas acumuladas por el partido, que a finales de 1983 se acercaban a un total de 6.000 millones de pesetas, según el informe presentado por Emilio Alonso Sarmiento, responsable de finanzas, al Comité Federal del PSOE. Otros negocios inmobiliarios ofrecidos con anterioridad fueron también rechazados.

Existe, no obstante, otra versión sobre la existencia de fondos paralelos o secretos en la dirección federal del partido socialista, que supuestamente se nutren con procedimientos no controlados, uno de ellos las supuestas comisiones pagadas por empresas a cambio de adjudicaciones de contratas.

Esa versión procede exclusivamente del ex teniente de alcalde de Madrid, Alonso Puerta -expulsado del PSOE y del Ayuntamiento madrileño en 1981-, quien asegura haber escuchado, del propio Emilio Alonso Sarmiento, la explicación de que el partido tiene una caja b, destinada a actividades de seguridad e información.

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Puerta explica el hecho -aparentemente extraño- de que uno de sus adversarios le revele la existencia de la caja b, en el sentido de que el asunto se produjo en el curso de una conversación mantenida en Madrid, durante los días del Campeonato Mundial de Fútbol de 1982, en que Emilio Alonso Sarmiento "me pidió que retirase la querella que presenté tras mi expulsión, a cambio de intentar mi rehabilitación. También me dijo que debía comprender las necesidades del partido de contar con fondos como ésos". Asistía también a esa reunión Vicente Torres, el actual director de Sellberg SA, que era uno de los querellados en el procedimiento legal, ya sobreseído, iniciado por Puerta.

Por su parte, el secretario de Administración y Finanzas del PSOE, Emilio Alonso Sarmiento, ha negado por completo la existencia de una caja b y la versión de que él maneje fondos secretos. Emilio Alonso Sarmiento reconoce haber mantenido en 1982 una conversación con Puerta sobre la posible rehabilitación del ex teniente de alcalde, "en la que Puerta expresó condiciones inaceptables para que se le readmitiera"; pero añade textualmente que Puerta "miente como un bellaco en todo lo demás".

Las fuentes que confirmaron el sistema de financiación a través de empresas desconocen, sin embargo, la existencia de fondos secretos. Por el momento, dicha versión es de la exclusiva responsabilidad de Alonso Puerta.

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