Sainz de Robles afirma que la autonomía del Consejo del Poder Judicial contribuiría a resolver las deficiencias de la justicia

La independencia de los jueces y su asimilación de la Constitución están "fuera de toda duda", según afirmó el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Federico Carlos Sainz de Robles, en la presentación a la opinión pública de la memoria del órgano que preside. Sainz de Robles reconoció que, teniendo el ciudadano derecho a que se resuelvan sus conflictos, la eficacia de la justicia se encuentra muy lejos de cumplirlo, y, en cambio, sus deficiencias son muchas. Explicó que, puesto que el CGPJ posee los datos sobre la situación en que se encuentra la justicia, sería, con la autonomía necesaria, el órgano adecuado para solucionar sus problemas.

El presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo aseguró que la repercusión de una mayor autonomía del órgano de gobierno de la justicia sobre una mejor prestación del servicio judicial sería "total". "E igual ocurriría en sentido negativo, porque, en caso de no resolverlos, sería el Consejo", añadió, "el que tendría que asumir la responsabilidad y reconocerlo así en la memoria del año siguiente".Preguntado sobre si consideraba sorprendente que tales discrepancias se produjeran con un ministro como Fernando Ledesma, que fue vocal del CGPJ, Sainz de Robles contestó negativamente, "porque las personas cambiamos al hilo de las circunstancias", dijo, "y no es lo mismo tener la responsabilidad de un ministerio que ser la veintiunava parte del Consejo...".

Asimismo, dijo que no comprendía, aunque las respetaba, las razones por las que el presidente del Gobierno no haya recibido a representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), pero se negó a extraer de este hecho la consecuencia de un enfrentamiento entre poderes, ya que no se trataba del CGPJ, sino de una asociación profesional.

Respecto a la proyectada jubilación forzosa de los miembros de la carrera judicial a los 65 años -con la excepción de los del Tribunal -Supremo, que lo harían a los 68-, reconoció que es "difícilmente rebatible que la magistratura no tiene por qué tener un tratamiento distinto que el resto de los funcionarios del Estado", pero añadió que "cuando se habla de desertización judicial y de nuevos medios para cubrir la falta de jueces, no acabo de explicarme cómo se desertiza más la carrera por la cúspide".

Los sueldos de los jueces

Sainz de Robles contestó a una pregunta sobre la homologación de los miembros de la carrera judicial con el resto de los funcionarios del Estado en lo que se refiere a trabajo y remuneración diciendo que un magistrado del Tribunal Supremo de edad media percibe, "por todos conceptos", 250.000 pesetas, y un juez de ingreso, 150.000 pesetas. Agregó que "no se trata del sobrecargo de trabajo, sino de la responsabilidad, que, con la Constitución en la mano, no es equiparable a la de cualquier otro funcionario. Además, un magistrado del Supremo carece de coche oficial y dotación para viajes de estudios, y hasta hace poco incluso de presupuesto para libros".Solicitadas mayores concreciones sobre las sanciones impuestas por el CGPJ durante el último año, Sainz de Robles facilitó más tarde la siguiente información. Las cinco sanciones impuestas por el CGPJ a jueces y magistrados consistieron en dos suspensiones de un año de empleo y sueldo por ausencia injustificada e irregularidades graves -según fuentes oficiosas, uno de estos sancionados es Miguel Moreira, juez de vigilancia penitenciaria, en relación con la concesión irregular de indultos-, una suspensión de seis meses por retraso injustíficado reiterado, otra suspensión de tres meses por falta del deber de residencia y una advertencia por retraso injustificado leve.