Prisión preventiva para el general argentino Menéndez

El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas argentinas ordenó el martes por la noche (madrugada en España) la prisión preventiva rigurosa del general Luciano Benjamín Menéndez, ex comandante en jefe del tercer cuerpo de ejército, estacionado en la ciudad de Córdoba, al que acusa de estar implicado en "graves violaciones" a los derechos humanos.

El miércoles de la pasada semana, tras intentar acuchillar a un manifestante que le insultaba a la salida de un estudio de televisión, Menéndez se presentó ante el alto tribunal militar y asumió por escrito "toda la responsabilidad" de lo ocurrido en su jurisdicción durante la llamada guerra sucia contra la guerrilla, ya que, según él, "el comandante debe correr la misma suerte que sus subordinados".

El presidente del Consejo Supremo, brigadier Luis María Fages, confirmó la detención de Menéndez después de que los miembros del tribunal le interrogaran durante cuatro horas, en las que contestó 116 preguntas.

Por esta misma causa -la relación con los miles de secuestrados desaparecidos en el campo de concentración conocido como La Perla, de la ciudad de Córdoba-, las denuncias de los supervivientes han permitido detener a otros tres altos mandos militares.

Responsabilidad del Ejército

Por su parte, el general Reynaldo Bignone, último presidente del Gobierno militar, que ya había sido detenido y luego liberado por otro juicio en su contra, reconoció "la responsabilidad operativa del Ejército" en la detención de personas consideradas "subversivas". Bignone fue citado por el juez civil Luis Córdoba en la causa abierta por el secuestro y la desaparición del obrero de la Ford Carlos Fateche, detenido el 27 de diciembre de 1976. Según el Jorge Baños, miembro del Centro de Estudios Legales y Sociales, Bignone declaró en su interrogatorio que desde el Comando de Institutos Militares, uno de los centros desde donde se llevó a cabo la represión, se impartieron órdenes, que podían ser verbales o por escrito, por las que se ordenaba el secuestro de personas sospechosas de "subversivas". Estas órdenes, que no se registraban, eran comunicadas al Comando en Jefe del Ejército.Para acelerar aún más los expedientes de esos juicios, el Gobierno extendió a los, civiles que actuaron en los servicios de inteligencia del Estado y de las fuerzas armadas la disposición que les exime de guardar el secreto de los hechos en que tomaron conocimiento y de pedir autorización para declarar en caso de que sean citados. Hace tres semanas el Ministerio de Defensa había dictado otra resolución similar para el personal militar de todas las fuerzas armadas.

Ante la inminencia de las condenas y de la entrega del informe que prepara la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) a la justicia, la ultraderecha civil y militar, compuesta por los servicios de inteligencia y los grupos de tareas, ha renovado sus ataques contra el Gobierno y las instituciones democráticas desde sus periódicos, además de lanzar tina campaña de atentados contra dirigentes sindicales y miembros de instituciones pro derechos humanos del actual régimen.