El déficit público alcanzo el pasado año el 7% del PIB, según el profesor Ángel Rojo

El déficit público alcanzó en 1983 una cifra equivalente al 7% del producto interior bruto (PIB), si se tiene en cuenta no sólo lo recogido en las cuentas de las administraciones públicas, sino también el coste que tuvo que soportar el Banco de España para obtener los fondos que necesitaba el Estado, señaló ayer en Santander Luis Ángel Rojo, director del servicio de estudios del Banco de España.

Los intereses que tuvo que satisfacer directamente el Estado para financiar b déficit alcanzaron los 390.000 millones de pesetas que se transforman en 669.000 millones si se acumula el coste derivado para el Banco de España. La tendencia de autoalimentación del déficit público alcanza proporciones cada vez más importantes que deben ser corregidas.El director del curso sobre la crisis económica, que tiene lugar en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, analizó los distintos componentes del déficit público separándolos entre lo que se considera déficit estructural -el que seguiría existiendo aunque la economía creciera a una tasa considerada como normal- y el cíclico, que sería consecuencia de la propia crisis económica que se padece y que iría desapareciendo en la misma medida en que se produjera la recuperación.

Para Ángel Rojo, el problema real que subyace en estos momentos es que la componente estructural del déficit continúa creciendo de forma rápida, lo que aleja, al menos que no se tomen medidas drásticas sobre Seguridad Social y las empresas públicas, cualquier posibilidad de reequilibrio de la actividad económica española.

En los últimos años el déficit público ha crecido, en relación al producto interior bruto (PIB), en cuatro puntos, de los que tres corresponderían a la parte estructural. Justo lo contrario de lo que ocurre en el resto de los países industrializados que conocerán reducciones importantes de sus déficits una vez que tome cuerpo la reactivación económica.

Aumento del gasto público

El profesor Rojo señaló que en la última década los gastos públicos han pasado de representar el 29% del PIB a situarse en el 38% y que dos de estos casi diez puntos se deben a incrementos de los gastos de consumo del sector público; cuatro, a mayores prestaciones sociales, desempleo y pensiones; dos, a subvenciones corrientes, sobre todo a las empresas públicas, y otros dos puntos, a mayores costes de financiación del déficit público.El director del servicio de estudios del Banco de España afirmó que los déficit crecientes acaban obligando a los gobiernos a elevar los coeficientes legales a que están sometidas las instituciones financieras, con el objetivo de lograr obtener fondos a precios por debajo de mercado con los que financiar los déficits públicos. Ello implica, en último término, desviar fondos que de otra manera irían al sector privado, con la consiguiente escasez de los mismos y la elevación de los tipos de interés.

Rojo admitió que en la actualidad se dan las condiciones necesarias para que bajen los tipos de interés, empezando por los que se establecen para las operaciones de pasivo, en función de que la tasa de inflación esperada para 1984 está claramente por debajo de la de hace un año. Indicó que se puede esperar una reducción gradual de los costes del dinero, aunque también señaló que la reducción de las expectativas inflacionistas para el ahorrador privado sólo se producirán si se logra contener el déficit.

Antonio García de Blas, por su parte, analizó los principales problemas a los que se enfrenta la Seguridad Social, tanto en su vertiente de ingresos como de gastos. Estimó poco probable un incremento importante de los ingresos, ya que el 80% de los mismos proceden de las cotizaciones y el 20% de las transferencias del Estado. Se puede, en su opinión, mejorar algo la distribución de estos ingresos en cuanto que coticen más algunos colectivos hasta ahora con aportaciones mínimas, como los agricultores, los trabajadores autónomos o cualquier otro tipo de colectivo en régimen especial, y descargar algo más el peso del régimen general.

Desde el punto de vista de los gastos, García de Blas apuntó los grandes crecimientos de las prestaciones por desempleo, aunque la cobertura alcance sólo al 26% de los trabajadores en paro, y el fuerte incremento experimentado por las pensiones.