Los partidos parlamentarios, excepto el PCE, están de acuerdo en mantener los criterios básicos de la actual normativa electoral

Los rasgos básicos de la actual normativa electoral, que data del año 1977, se mantendrán inalterados en el próximo proyecto de ley Electoral, que el Gobierno socialista ha comenzado ya a elaborar. El consenso entre los partidos parlamentarios de ámbito estatal para que se mantengan estos rasgos básicos del decreto-ley de 1977 parece ser ya bastante amplio, si se exceptúa a los comunistas, según se puso de manifiesto en una mesa redonda organizada por EL PAÍS. Sin embargo, varios representantes de partidos y los expertos presentes en la mesa se inclinaron a favor de un aumento del número de escaños en la Cámara Baja, hasta el máximo de 400 diputados previsto por la Constitución.

"Si todas las fuerzas políticas estuviesen de acuerdo en esta ampliación a 400 escaños en el Congreso, el PSOE no pondría reparos", declaró Eduardo Martín Toval, secretario general del Grupo Socialista. Tanto los comunistas, representados por Enrique Curiel, vicesecretario general del partido, como el Centro Democrático y Social (CDS), por boca de su secretario general, Jose Ramón Caso, se mostraron conformes con esta ampliación, que introduciría, a su juicio, un factor de mayor proporcionalidad en la ley Electoral.También los expertos se mostraron favorables a que el Congreso cuente con 400 escaños, en lugar de los 350 actuales. Julián Santamaría, director del Centro de Investigaciones Sociológicas, y Rafael Arias-Salgado, ex ministro de UCD, principal responsable de la redacción del decreto-ley electoral de 1977, aún en vigor, consideraron que este incremento de escaños corrige la desviación actual, que hace que, con un 33% de los votos, un partido pueda quedarse a sólo siete diputados de la mayoría absoluta, lo que dificulta los Gobiernos de coalición y promueve, en cambio, Gobiernos escasamente estables.

"Una ley que, como la de 1977, permite que un partido con un tercio de los votos tenga casi mayoría absoluta no es buena", resumió Santamaría, quien opinó que, dadas las características territoriales españolas, esta desviación favorece a los partidos conservadores (con mayor índice de voto en zonas rurales, y menor en las más pobladas).

Pese a esta argumentación, los dos partidos mayoritarios, PSOE y AP -representada en la mesa redonda por su secretario general, Jorge Verstrynge-, mostraron escaso entusiasmo por la ampliación. Verstrynge basó su rechazo en el aumento de gastos que significaría dotar al Congreso de 50 nuevos escaños. Martín Toval, tras señalar que el problema le parece "escasamente relevante", argumentó que el paso "puede ser mal visto" por la opinión pública.

Más polémico aún resultó el método que se aplicaría para repartir, en su caso, esos 50 nuevos escaños. La defensa del PCE -partido que prepara ya un texto electoral alternativo- de establecer de una lista nacional que recoja los votos residuales tras aplicar el mecanismo de asignación de escaños en todas las provincias se basó en que este método "descabalga la teoría del voto útil" al garantizar un mínimo de escaños a los partidos no mayoritarios. Pero la idea tropezó con la general objeción de que tal lista parece ir en contra de la Constitución, al crear, de hecho, una nueva circunscripción electoral, que haría el número 53. El artículo 68 de la Constitución establece que "la circunscripción electoral es la provincia".

El PCE es, en general, el único partido que rechaza frontalmente los fundamentos básicos del decreto de 1977: pide la reducción del número mínimo de escaños por provincia, de los dos actuales a uno -para evitar que en no pocas provincias rurales "voten las hectáreas, y no las personas", argumentó Curiel-, y defiende la modificación del actualmente vigente método D'Hondt de reparto de escaños. También defendió el establecimiento de una barrera nacional, de manera que un partido no pueda acceder al Parlamento si no ha obtenido un 5% del total de los votos.

Gobernabilidad

Todos los partidos, excepto AP, se proclaman a favor de modificar el sistema electoral en el Senado para hacerlo proporcional (como en el Congreso) mediante el método de cociente electoral (ver información adjunta), si bien admitiendo que el precepto constitucional que establece un número fijo de cuatro senadores por provincia supone una fuerte limitación a las posibilidades de proporcionalización de la Cámara Alta.Para Jose Ramón Caso, mantener el sistema actual, mayoritario, podría hacer que existiese un partido dominante en la Cámara Baja, y el opuesto, en la Cámara Alta, lo que haría muy dificil la gobernabilidad de la nación. Verstryrige, por su parte, se mostró "preocupado" ante "los intentos socialistas" de cambiar el sistema en el Senado, que "debe seguir rigiéndose por un sistema electoral mayoritario".

Si se exceptúa la controversia sobre el Senado, la sensación existente entre los partidos minoritarios es que se da ya un acuerdo básico entre PSOE y AP en torno a un proyecto que, en todo caso, el Gobierno pretende, según Martín Toval, consensuar con todas las fuerzas políticas.