Control y límites para los gastos

Los aspectos marginales de la futura ley orgánica Electoral serán los que más novedades aporten, previsiblemente, sobre la normativa actualmente vigente, elaborada por UCD. Entre estos aspectos destaca, por su importancia, la financiación de las campañas electorales. Todos los partidos parlamentarios de ámbito estatal consideran "imprescindible" un control de los gastos de las campañas y el establecimiento de unos topes máximos para estos presupuestos, actualmente "desorbitados", según José Ramón Caso (CDS), quien considera "una vergüenza" que el PNV y AP digan, por ejemplo, que han gastado sólo 50 millones de pesetas cada uno en la pasada campaña en el País Vasco, "cosa que no se cree nadie".

El socialista Eduardo Martín Toval anunció que el proyecto del Gobierno establecerá con claridad los límites de gastos de la campaña y un control absoluto a cargo del Tribunal de Cuentas. La financiación será actualizada en pesetas constantes (teniendo en cuenta la inflación), y la Administración podría adelantar cantidades de dinero a los partidos para las campañas en función de los resultados obtenidos en anteriores comicios.

Martín Toval rechazó, en cambio, que el acceso a los espacios electorales de TVE pueda ser igualitario, "aunque podrá participar todo el mundo". El proyecto gubernamental incorporará las incompatibilidades para diputados y senadores, de acuerdo con la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, y tratará de homogeneizar en lo posible las fechas de elecciones generales, municipales y autonómicas (con las excepciones ya inevitables de Galicia, el País Vasco, Cataluña y Andalucía).

El futuro proyecto, que probablemente sea enviado a las Cortes este otoño, mantendrá la judicialización de las juntas electorales.