El fracaso de los pilotos

EL LAUDO que ha puesto fin a la huelga de pilotos de Iberia, después de más de un mes del comienzo de ésta, parece a todas luces una derrota sonada de los huelguistas, que no han conseguido prácticamente ninguna de sus reivindicaciones. Pero esta victoria de la compañía no debe servir para ocultar ahora los enormes defectos de gestión y el miserable estado de los servicios que Iberia ofrece al consumidor.Resulta necesario precisar el ámbito y el sentido de este tipo de resoluciones en equidad que son los laudos: "Lo que se le pide al árbitro no es que decida, según su criterio, qué parte tiene la razón, sino que dictamine cuál es, a su juicio, la solución más razonable a cada cuestión planteada", según reza la propia resolución que comentamos. Ésta priva a los organizadores de la huelga de cualquier pretexto para seguir castigando a los usuarios de Iberia con las suspensiones de vuelos y los retrasos y anomalías de los servicios mínimos. El conflicto, desencadenado de manera irresponsable por los dirigentes del SEPLA en plena temporada alta y al comienzo de la campaña de verano, ha marcado ya sus huellas en la cuenta de resultados de la compañía, que acumulará mas de 2.000 millones de pesetas a su ya crecido déficit, y en los resultados finales de los ingresos turísticos. Y, por supuesto, también dejará un recuerdo imborrable en los ciudadanos que tuvieron que padecer las afrentas y las humillaciones de quienes no se conformaron con dislocar -ejerciendo el derecho de huelga- la normalidad de los vuelos regulares, sino que además sobresaltaron con sus inicuas hazañas -realizando un ¡legítimo boicoteo disfrazado de huelga de celo- a los viajeros que se veían obligados a acogerse a los llamados servicios mínimos. A este respecto es preciso insistir en que la huelga sigue siendo un derecho para todos en un país democrático, y no tienen por qué los pilotos subrayar con especial énfasis el hecho. Pero que exista ese derecho no quiere decir que necesariamente vaya a ser utilizado de forma decente, prudente o sabia. Hoy hemos aprendido, por otra parte, que los pilotos han sido capaces de convertir la huelga en un arma ineficaz y sólo útil para que los ciudadanos tengamos hoy un excelente conocimiento práctico de lo que son sus privilegios, sus arrogancias y su inexistente estima por los derechos ajenos.

El laudo ordena a la dirección de la compañía la retirada de los expedientes de modificación de condiciones .de trabajo y de regulación de empleo, formalizados el 4 de julio. Estos expedientes carecen ya de razón de ser, puesto que los términos del laudo ocupan el lugar del acuerdo no alcanzado por convenio; con esta solución, a la vez, "queda removida la causa originaria y principal que motivó la declaración de la huelga". En el crucial asunto de la admisión de 34 nuevos pilotos, presentado por los dirigentes del SEPLA como una demostración de su voluntad de crear puestos de trabajo, el laudo hace retroceder las pretensiones de los pilotos hasta más allá incluso del ofrecimiento de la empresa. Iberia deberá mantener, al menos hasta el 31 de diciembre de 1985, su actual plantilla de pilotos, y los 34 aspirantes, seleccionados en 1983 para cubrir nuevas plazas, sólo serán candidatos preferentes para ocupar las eventuales vacantes. Iberia queda liberada, al tiempo, de la obligación de ampliar la plantilla de pilotos, contraída en la revisión del convenio de 1983. Los argumentos en favor de esa decisión arbitral son que "la empresa no está hoy (aunque, quizás, tampoco lo estuviera entonces) en una situación económica que justifique razonablemente una ampliación de plantilla", y también que "los otros colectivos de la empresa han aceptado considerables sacrificios de empleo".

El aumento de retribuciones se circunscribe a un 3,5% calculado sobre la masa salarial del pasado año; la congelación de las dietas en el extranjero, la reducción de los llamados gastos de bolsillo y la adecuación selectiva por países de las dietas de viaje aplican criterios de moderación del gasto, plenamente justificados en una empresa que arrastra enormes pérdidas y que sólo en el pasado ejercicio arrojó un déficit cercano a los 30.000 millones de pesetas. Las limitaciones al uso gratuito por los pilotos y sus familiares, con reserva de plaza, de los servicios regulares de Iberia restringen, aunque sólo parcialmente, una de las abusivas prácticas con las que las empresas públicas benefician a sus empleados. De otro lado, el laudo da la razón a Iberia tanto en lo referente al máximo de horas de actividad aérea como a la composición de la tripulación de vuelo en los servicios trasatlánticos.

Particular interés revisten las consideraciones del laudo sobre los despidos y las sanciones ocasionados por el desarrollo de la huelga. El árbitro pone de relieve la inaceptable posición que adoptaron los dirigentes del SEPLA al manifestar que no deseonvocarían la huelga en el caso ole que el laudo -cualquiera que fuese su contenido en otros temas- no anulase las sanciones y despidos. Tal actitud significaba, en última instancia, que el sindicato no consideraba el arbitraje como el instrumento operativo final para poner fin a la huelga, sino "como una fase más en el ya largo conflicto en el que ha venido, sucediva y reiteradamente, transformando objetivos, alpunto que este laudo puede ser el próximo". Con ese desafiante rechazo, equivalente a una provocación, los dirigentes sindicales "de alguna manera han dado en autoexcluir del ámbito del arbitraje" las cuestiones relacionadas con las sanciones y los despidos.

Por lo demás, el laudo argumenta que las medidas disciplinarias impuestas por la compañía se sitúan "extramuros de la naturaleza en equidad que debe tener este arbitraje", puesto que su aplicación contempla conductas individuales y no actos colectivos. Tampoco procede que el arbitraje se pronuncie sobre cada despido o sanción individual, ya que tales conflictos deben dirimirse con las garantías jurídicas procesales que la Constitución reconoce. De esas reflexiones no debe inferirse la conclusión de que el laudo considere por principio que "las decisiones empresariales son correctas" en el terreno disciplinario. El laudo establece, por tanto, que, si la Magistratura de Trabajo considerase injustificada la medida de expulsión, la compañía se vería obligada a la readmisión forzosa (sin poder optar por la indemnización) no sólo de los representantes sindicales, sino también de los demás despedidos. En cuanto a los procedimientos de sanción que Iberia tiene abiertos y pendientes de decisión contra 13 delegados sindicales y 15 pilotos, el laudo considera "razonable" hacer una "recomendación" en favor del sobreseimiento y archivo de aquellas actuaciones disciplinarias de la empresa, pero tampoco se extiende más sobre la cuestión.

Ahora se ve que la irresponsabilidad y el empecinamiento de los dirigentes del SEPLA llevó a sus afiliados a un conflicto sin salida, que ha redundado en sustanciales pérdidas económicas para los huelguistas y ha contribuido a un deterioro de la imagen de los pilotos de muy dificil recuperación, a la baja del Ejército de una cincuentena de supernumerarios, a la no aceptación de los 34 candidatos a pilotos patrocinados por sus mayores y a una serie de despidos pendientes de recurso ante Magistratura. Cabe esperar que, tras la resaca de la huelga, los propios pilotos pidan cuentas de tan deplorable gestión a unos dirigentes sindicales que demostraron ser unos excepcionales organizadores de abrumadoras derrotas.

Pero también la compañía deberá proceder a un serio examen de conciencia sobre su conducta y a la adopción de aquellas medidas que se juzgue imprescindible para su necesaria remodelación. La pérdida de la abusiva parcela de poder que detentaban los pilotos en Iberia no debería ser sino el comienzo de la desaparición de esos hábitos de patrimonialización -de un carácter marcadamente corporativista o incluso individual- de las empresas públicas, que suelen localizarse tanto en los colectivos de sus plantillas como en algunos altos cargos de la Administración. Las compañías del sector estatal se deben siempre a los contribuyentes. Cuando además esas empresas -como es el caso de Iberia- vienen a hallarse en situación de disfrutar el cuasimonopolio de un servicio público, es imprescindible que sus gestores y empleados tengan siempre presente su doble dependencia de los ciudadanos como contribuyentes y como usuarios. El Gobierno debe plantearse la curiosa anomalía de que, tras año y medio de legislatura, demasiadas compañías estatales no hayan cambiado (y en ocasiones lo han hecho a peor), tal vez porque siguen al frente del tinglado prácticamente las mismas personas que crearon y desarrollaron ese auténtico museo de los horrores que es la empresa pública en nuestro país.

Sobre estas cuestiones, sobre la nefasta política de transportes, sobre Iberia mismo y su viabilidad empresarial será necesario volver a escribir.