El Consejo de Ministros decide someter a arbitraje obligatorio el conflicto de Iberia

El Gobierno ha acordado, a los 29 días del inicio de la huelga de los pilotos de Iberia afiliados al Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA), nombrar al director general del Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación (IMAC), José Ignacio Moltó, como árbitro para solucionar un conflicto que ha generado ya un mínimo de 600 millones de pesetas en pérdidas para la compañía estatal de aviación.

El Consejo de Ministros, reunido en el palacio de la Moncloa desde las nueve de la mañana hasta última hora de la tarde de ayer, decidió el citado arbitraje de Moltó casi al final de la reunión. La misión de Juan Ignacio Moltó en el conflicto de Iberia será de arbitraje, no de mediación, como matizó el portavoz del Gobierno, Eduardo Sotillos, y su tarea va a consistir en escuchar a las dos partes del litigio y dictar después laudo de obligado cumplimiento si no hay previa conciliación, lo que pondrá fin a la huelga.La extraordinaria duración del Consejo de Ministros de ayer obedece a que por la tarde el Gobierno decidió estudiar a fondo los planes presentados por el ministro de Economía, Miguel Boyer, para la elaboración de los futuros Presupuestos Generales del Estado. Sobre esta cuestión nada informó el portavoz del Gobierno, ya que se abordará más a fondo en el Consejo de Ministros del próximo martes.

Por otro lado, el Gobierno acordó ayer conceder el indulto a cuatro ex miembros de ETA Militar y a uno de ETA Político-militar. Se trata de Juan Ignacio Bilbao (ETApm) y Carlos Catalán Sánchez, y los apellidados Ugarte, Alonso y Orive. Eduardo Sotillos afirmó, en la conferencia de prensa que habitualmente sigue a los Consejos de Ministros, que el indulto obedece al impulso del Gobierno para propiciar la reinserción social de los terroristas, y señaló que los cinco afectados por esta medida han efectuado la correspondiente declaración de renunciar al uso de la violencia.

Multa a Sanitas

Asimismo, el Consejo de Ministros de ayer acordó poner una multa de 30 millones de pesetas a la empresa de servicios médicos Sanitas por haber aumentado las primas a los asociados sin la necesaria aprobación de la Dirección General de Seguros y de la Junta Superior de Precios.Igualmente, el Gobierno aprobó un decreto-ley sobre protección de medios de transporte que se hallen en territorio español realizando viajes de carácter internacional, cuyo contenido establece, entre otras cuestiones, un plazo máximo de 30 días para indemnizar a los propietarios de los vehículos extranjeros que sufran agresiones en nuestro país.

Igualmente, el Consejo de Ministros acordó ayer enviar a las Cortes Generales el proyecto de ley del Consejo Social de las Universidades y el de ley Cambiaria y de Cheque. La urgencia con que se ha elaborado este último proyecto de ley responde, según manifestó el portavoz del Gobierno, a la poca seriedad con que se han llevado hasta ahora las relaciones comerciales internas españolas, y puso como ejemplo que en el año 1982 la deuda por letras protestadas ascendió a 1,2 billones de pesetas. Esta cantidad, dijo, aumentó durante el año 1983. Ambas cifras ponen en evidencia, a juicio del Gobierno, la escasa eficacia que la letra de cambio ha tenido hasta ahora en España. La actual reforma establece como principal novedad la llamada solidaridad cambiaria, por la que todos los que firman una letra de cambio, un cheque o un pagaré son responsables de su pago íntegro, de tal forma que el portador tiene derecho a proceder contra el firmador, los avalistas y, en el caso de la letra, contra el aceptante, individual o colectivamente, pudiendo reclamar la cantidad adeudada, así como los intereses y gastos que conlleva el proceso de protesto de una letra.

Por último, el Consejo de Ministros acordó nombrar a Pedro de Arístegui y Petit como embajador de España en Líbano, y ascender a generales de división a los generales de brigada Francisco Veguillas Elices, Juan Castellanos Gómez y Alberto Moratinos Bueno.

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