Hacienda sustituirá el procedimiento de liquidación y sanción anulado por el Supremo

Un decreto gubernamental sustituirá al procedimiento sobre la Inspección de Hacienda, cuyas funciones de liquidación y sanción fueron anuladas por una sentencia del Tribunal Supremo, según manifestó ayer en Barcelona el secretario general de Hacienda, Juan Francisco Martín Seco, durante un coloquio en el que participaron cerca de 200 gestores administrativos y asesores fiscales. Martín Seco añadió que el Ministerio de Hacienda se encuentra ultimando los detalles de la futura regulación, que será publicada próximamente en el Boletín Oficial del Estado.

Las funciones de inspección, la reforma de la Administración Pública en su vertiente fiscal, las relaciones con los asesores fiscales privados, la mecanización del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y la lucha contra el fraude, fueron algunas de las cuestiones suscitadas.

Martín Seco se refirió a la necesidad de regular en el futuro la actuación de los asesores fiscales e institucionalizar la colaboración con la Administración. "A medida que el sistema tributario se hace más complicado", afirmó, "la profesión adquiere matices sobre los que el Estado no puede estar pasivo".

Las actas firmes dictadas por el ministerio, en cumplimiento del decreto 412/82 que regula la normativa inspeccionadora, ahora invalidada por el Tribunal Supremo, serán consideradas válidas por la Administración, según puso de manifiesto durante el coloquio Martín Seco. El vacío legal será sustituido, de forma inminente, por un nuevo decreto; mientras tanto, una circular del ministerio atribuye transitoriamente a las oficinas de relación con los contribuyentes las funciones de sanción y liquidación, con independencia de las tareas de inspección.

Otro tratamiento

La cuestión, en cambio, tendrá otro tratamiento respecto a las actas levantadas por la Inspección que fueron recurridas por los particulares. Las que se encuentran en vía de reclamación administrativa serán anuladas de oficio por la Administración y el Pleno del Tribunal Económico Administrativo decidirá esta semana el tratamiento que se dará a los recursos que ya han iniciado la vía contenciosa. La presunción de validez de las actas que no han sido recurridas obtuvo una fría acogida entre algunos de los profesionales presentes en el acto, que mostraron a este diario su disconformidad con la interpretación e indicaron que se interpondrán, con toda probabilidad, nuevos recursos.El 80% de los esfuerzos de la Administración en la lucha contra el fraude se concentra en estos momentos en la investigación de las personas físicas que no declararon, indicó Martín Seco en otro momento del debate. El criterio de discriminación sobre las rentas salariales y los esfuerzos fiscales para detectar las bolsas de fraude entre los titulares de rentas de trabajo de empresarios y profesionales liberales merecieron la más dura crítica durante el debate.

"No es aconsejable un clima de pánico", señalaron los asesores, "puesto que los empresarios son los primeros interesados en la lucha contra la defraudación".