Los pagarés del Tesoro recibirán peor trato fiscal que los bonos de bancos industriales o empresas eléctricas
Si se cumple la proyectada ley sobre dinero negro (publicada por el Boletín Oficial del Congreso el pasado 7 de julio bajo el título de Régimen fiscal de determinados activos financieros), los pagarés del Tesoro serán penalizados con respecto a otros activos semejantes del sector privado, según la opinión generalizada de los especialistas fiscales consultados por EL PAÍS. Los bonos de cualquier banco industrial o de las empresas eléctricas, por ejemplo, recibirán mejor trato fiscal que los pagarés del Tesoro. El nuevo secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, ha manifestado que por esta ley los pagarés del Tesoro gozarán de ventaja fiscal frente a los demás activos de interés implícito (EL PAIS, 11 de julio de 1984).
Sin embargo, todos los especialistas consultados han desmentido al viceministro de Hacienda y han coincidido en que dicha ventaja sólo existe si se incumple esta ley. "El funcionamiento del nuevo sistema fiscal está basado en el incumplimiento de la ley, pues ésta contiene elementos deliberados de hipocresía cuando no de corrupción tributarla", según uno de los padres de la inconclusa reforma fiscal, iniciada en 1977 con votos de PSOE y UCD.Otro experto fiscal consultado calificó el proyecto de ley (según el cual el Estado renuncia a una información básica por dinero) de "disparatado". Y agregó: "El Gobierno que renuncia a la información, manteniendo las obligaciones cuyo cumplimiento depende en gran medida de esa información, renuncia también al cumplimiento de la ley, y ahora se va más lejos, pues se espera el incumplimiento de la ley para lograr los objetivos previstos".
La publicación en el Boletín del Congreso del proyecto de ley, que afecta a casi cuatro millones de españoles, ha desatado nerviosas procesiones de contribuyentes por los despachos de sus asesores fiscales. Como se recordará, ésta es la tercera versión del proyecto de ley sobre dinero negro conocida por el Consejo de Ministros, corregida y disminuida a petición de la banca tras la cena ofrecida el mes pasado por Felipe González, en el palacio de la Moncloa, a los banqueros. Asistieron a ella los presidentes del Banco Central, Alfonso Escámez; de Banesto, Pablo Garnica, y de la patronal bancaria, Rafael Termes, acompañados por el autor y defensor del texto, el superministro Miguel Boyer, quien se resistía a alterarlo.
Al término de dicha cena, los banqueros convencieron al presidente del Gobierno de que debía abandonar el proyecto de ley defendido por Miguel Boyer (más radical que el que costó el puesto de secretario de Estado á José Sevilla) para redactarlo de una forma "más realista" y menos utópica. Así, la banca consiguió arrancar a Felipe González una trampilla legal que permitia dos zonas de opacidad fiscal para determinados activos financieros: los sometidos a retención única del 45% -a cambio de liberarlos de la obligación de informar y retener en cada una de las sucesivas transmisiones- y los pagarés del Tesoro, exentos de retención y de información obligatoria. En febrero, este controvertido asunto fue precisamente el origen de la primera crisis del equipo económico del Gobierno socialista, que acabó con la destitución fulminanté del viceministro de Hacienda, José Sevilla, uno de los padres de la reforma fiscal, quien pretendía reducir los privilegios del capital aproximando su trato fiscal al de las rentas del trabajo.
Las ventajas comerciales
Pero no sólo la banca parece haber sacado tajada en el largo proceso de manipulación a que fue sometido este proyecto de ley. El pasado 15 de mayo, antes de que el Consejo de Ministros conociera el primer proyecto de Boyer sobre dinero negro, el subgobernador del Banco de España, Mariano Rubio, indicó ya el camino a seguir al comunicar públicamente en Barcelona que "los pagarés del Tesoro seguirán exentos de retenciones fiscales".Tanto el subgobernador del banco emisor como el actual viceministro de Hacienda coinciden, pues, en afirmar, frente a la opinión de numerosos expertos, que los pagarés del Tesoro gozan de ventaja fiscal a cambio de reducir sus tipos de interés, pagados por el Estado. "La ausencia de retención en los pagarés del Tesoro puede quedar compensada", según José Borrell, "por la baja de sus tipos de interés". "Interesa, pues, que los pagarés del Tesoro tengan la mejor acogida posible en el mercado. Dar ventaja fiscal a títulos que financian la Hacienda pública es coherente y razonable". Efectivamente, están exentos de retención y de información obligatoria, pero no están exentos de declaración ni de pago de su correspondiente impuesto, y por ello cualquier ciudadano fiscalmente honrado que quiera cumplir esta ley o cualquier defraudador que sea descubierto con pagarés del Tesoro no declarados voluntariamente recibirá una penalización mayor que si hubieran invertido su dinero en otros activos privados como bonos de bancos industriales o del sector eléctrico, por ejemplo, que gozan de una carga fiscal efectiva inferior al cero, debido a desgravaciones a la inversión, a la corrección monetaria, etcétera.
Por tanto, según uno de los reformadores fiscales, "no parece cierto que los pagarés del Tesoro tengan ventaja fiscal a menos que la ley se haya hecho para que sea incumplida, gracias a la complicidad o vista gorda del Estado, que asume legalmente el monopolio de creación de dinero negro". "Esta ley supone", para la misma fuente, "volver al fariseísmo fiscal del franquismo".
