Hay pruebas contra Otelo Saraiva, afirma el juez encargado del caso

La justicia portuguesa afirma que existen pruebas consistentes sobre ciertas relaciones del teniente coronel Otelo Saraiva de Carvalho con una trama terrorista investigada por los tribunales del Estado. El dirigente de la revolución de los claveles seguirá, en consecuencia, encarcelado, en virtud de una legislación que se volverá más represiva si el Parlamento aprueba la nueva ley de seguridad del Estado en una votación que ha quedado pospuesta hasta el próximo martes.Las declaraciones del juez Almeida Cruz -encargado del expediente relativo a las Fuerzas Populares 25 de Abril (FP 25)- y del director general de la Policía Judicial portuguesa han disipado, en efecto, las esperanzas de los muchos amigos de Otelo que contaban con verle en libertad próximamente.

La Prensa portuguesa afirma ahora, citando las declaraciones del juez Almeida Cruz a la agencia Anop, que "las pruebas acumuladas contra Otelo y los otros 39 presos son abrumadoras", y que no habrá nuevas liberaciones antes de que concluya la instrucción del sumario, en un plazo de 90 días".

No se trata de un golpe de teatro en el proceso, sino de la corrección de una primera interpretación errónea de las acusaciones que pesan sobre el más popular de los capitanes de abril. Otelo no está preso porque se encuentre implicado en alguno de los atentados o atracos realizados por las FP 25, sino por ser uno de los dirigentes de la organización. Aunque como supuesto dirigente de las FP 25 -organización sometida a la ley antiterrorismo- se le acusa también de todos los delitos cometidos por dicho grupo.

Este nuevo aspecto de la cuestión preocupa visiblemente a los defensores de los presos, que temen que se repita el caso Isabel do Carmo y del Partido Revolucionario del Proletariado (PRP). Los dirigentes del PRP están ahora en libertad, después de haber cumplido cuatro años de prisión preventiva, y es poco probable que pueda repetirse el juicio de 1980 -posteriormente anulado- que les condenó a pesadas penas de prisión como autores morales de delitos cometidos por otros militantes de la organización.

Pero, como observa la propia Isabel do Carmo, eso ocurrió antes de la revisión del Código Penal de 1982 y de la introducción del delito de terrorismo. La nueva legislación vigente en Portugal habría hoy permitido su condena como fundadora de una organización terrorista, previa prueba de que el PRP fue efectivamente responsable de actos tipificados de ese modo.

Las relaciones de amistad personal y política de Otelo con algunos de los presos acusados de pertenecer a las FP 25 no constituyen ningún misterio, y es natural que existan, como dice la policía, documentos manuscritos que prueban estas conexiones. Únicamente el tribunal podrá decidir si dichos documentos constituyen también una prueba suficiente de la existencia de vínculos organizativos.

Para cerca de un millar de personalidades de izquierda, que manifestaron el jueves, frente al Parlamento de Lisboa, su rechazo del proyecto de ley de Seguridad Interna, el caso Otelo demuestra los riesgos de la nueva legislación represiva, que el Gobierno pretende aún agravar.

La votación de la ley, prevista para el pasado viernes, ha sido aplazada hasta el martes, después de tres días de debates, en los que las maniobras dilatorias prevalecieron sobre la discusión acerca del fondo. Los diputados -incluso los de la mayoría- han formulado muchas preguntas y planteado numerosas objeciones, pero no han cuestionado el sentido del voto, que será favorable al proyecto del Gobierno.