La reordenación del sector público exige en algún caso la reprivatización o el cierre de empresas

La reordenación de la empresa pública española ha de hacerse con el aumento de la participación del Estado en unos sectores y con la reprivatización o liquidación de compañías en aquellos donde no hay razones que justifiquen la presencia del Estado, según señaló ayer Carlos Solchaga, ministro de Industria y Energía, en la clausura del seminario que sobre la reforma de la empresa pública se ha celebrado en Santander. De todas formas, el ministro admitió que la solución más frecuente para la reducción de la presencia del Estado sería el cierre, porque "las empresas públicas que van bien yo no las vendería, y para las que van mal no conozco a nadie que las quiera comprar".

Solchaga señaló que el problema de la dimensión de la empresa pública no es algo que pueda definirse en base a planteamientos ideológicos o modelos económicos, y que el tamaño del sector en los diversos países viene condicionado por situaciones históricas. La necesaria reordenación, imperiosa en los sectores tradicionales que atraviesan una grave crisis, vendrá impuesta por la demanda del mercado y la capacidad de las empresas a adecuarse a sus exigencias.

La herencia

Recalcó, no obstante, que ello no significa siempre que haya que reducir la participación del sector público en la economía empresarial, y para ello citó el incremento que significa la reciente creación de la Empresa Nacional de Residuos, la nueva configuración de Campsa, y el caso de la sociedad mixta para la gestión de la red de alta tensión.Sin enbargo, hay áreas en las que la presencia del sector público, según señaló el ministro, no está justificada ni por razones estratégicas ni de interés general. Para Carlos Solchaga, los esfuerzos del Gobierno para la mejora de la gestión han sido positivos, aunque tardarán tiempo en reflejarse en las cuentas de resultados. El aumento de las pérdidas se debe también a la política de saneamiento iniciada, ya que "están aflorando pérdidas que estaban debajo de la alfombra". Citó el caso de la situación de alguna empresa del sector naval, donde, ante la ausencia de pedidos, programaban la construcción con el doble de las horas de trabajo requeridas, con lo que el coste final duplicaba el correcto y provocaba cuantiosas pérdidas. La corrección de estas y otras prácticas de disimulación de pérdidas, así como la necesaria reconversión, dada la crisis estructural de estos sectores, impone medidas traumáticas, a no ser que la sociedad acepte "enganchar estas empresas a los presupuestos del Estado".

La socialización de pérdidas de la empresa privada que en su día hizo la derecha española es, a su juicio, la causa determinante de la grave situación que ahora padecen. Para ello citó que el 97% de las pérdidas corresponden a una docena de empresas, todas ellas de sectores en crisis (naval, siderurgia, automoción y bieñes de equipo).

La profunda descapitalización de las empresas ha provocado, asimismo, unas cargas financieras tan grandes que es imposible conseguir buenos resultados aunque se realice una gestión eficaz. Solchaga manifestó que, si no se procede a aumentar los fondos propios de las compañías, que en algunos casos ascienden sólo al 9% del activo inmovilizado total, éstas nunca podrán entrar en beneficios.

El ministro se mostró contrario a un único estatuto de la empresa pública, en base a las profundas pérdidas que existen entre las actividades económicas que desarrofian y también porque sería un corsé exagerado, con efectos negativos para la gestión. La necesaria reforma jurídica debe limitarse, en su opinión, a adecuar los estatutos de los holdings existentes.

Los numerosos controles de gestión, financieros y contables, a que están sometidas las empresas del Estado resultan excesivos.