La CEOE quiere conocer los criterios económicos del Gobierno antes de iniciar las negociaciones para el acuerdo social

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) pidió ayer en el transcurso de las reuniones iniciadas entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales mantener una reunión con los responsables económicos del Gobierno antes e que se inicien formalmente las negociaciones sobre el futuro acuerdo social. La CEOE quiere conocer los criterios económicos del Gobierno antes de adoptar cualquier decisión en este sentido. Por su parte, UGT exigirá un compromiso por parte del Gobierno cuantificando los empleos que se podrán crear durante la vigencia del acuerdo.Tanto UGT como CEOE coincidieron globalmente en que el posible acuerdo debe estar orientado hacia la inversión y la generación de empleo. Sus discrepancias se encuentran en aspectos más concretos. Así, mientras la Unión General de Trabajadores pone especial énfasis en que los sacrificios que se demandan a los trabajadores tengan un reflejo inmediato en empleo, la CEOE hace mayor hincapié en la necesidad de equilibrar los gastos de transferencias sociales y los gastos de inversión.

Para la patronal, que ayer estuvo representada por José María Cuevas y Juan Jiménez Aguilar, es necesario destinar mayores recursos al sector privado, única manera de crear las condiciones para generar empleo. Cuevas, sin embargo, no quiso pronunciarse sobre las posibilidades del futuro acuerdo.

UGT, representada por José Luis Corcuera, José Maria Zufiaur, Miguel Ángel Ordóñez y Juan Mazarrasa, planteó ayer mismo que el Gobierno debe asumir por escrito los empleos a crear. Y como dato orientativo estimó que a través de los conciertos entre el Instituto Nacional de Empleo y Organismos públicos y ayuntamientos, pueden producirse 200.000 contrataciones.

Almunia afirmó que el Gobierno asumiría las peticiones de los interlocutores sociales siempre que no chocaran con su objetivo prioritario, la reducción del déficit público. Por otra parte, dijo que la política seguida por el Gobierno hasta ahora permitía un margen de maniobra suficiente para el acuerdo.