Los dos jueces de Barcelona procesados seguían desempeñando ayer sus cargos

Los magistrados de Barcelona Carlos Lorenzo-Penalva de Vega y Joaquín García Lavernia, procesados por los presuntos delitos de prevaricación y cohecho, continuaban ayer desempeñando sus cargos al frente de los juzgados números 2 y 6 de Primera Instancia, respectivamente, al no haberles sido notificado oficialmente el auto de procesamiento. Este auto fue dictado el pasado lunes por la Sala Segunda del Tribunal Supremo y en él se decreta la suspensión provisional en sus funciones de los jueces. Los procesados se negaron ayer a formular declaraciones y a comentar su situación jurídica.El presidente de la Audiencia Territorial de Barcelona, Cesáreo Rodríguez Aguilera, aseguró que se había enterado del procesamiento de ambos magistrados por la Prensa, pero que aún no había recibido ninguna notificación oficial del asunto. Rodríguez Aguilera calificó esta situación de "incomprensible", y añadió que lo correcto habría sido que el Supremo remitiera a la Audiencia o a los afectados un telegrama, antes de informar a los periodistas. Rodríguez Aguilera agregó que había hablado del tema con el juez decano de Primera Instancia, y que ya estaban previstas sustituciones para ambos juzgados.

Repercusiones

La noticia del auto de procesamiento era conocida y comentada ayer en medios jurídicos, pero en contadas ocasiones los funcionarios aceptaron hacer declaraciones sobre el caso. Los medios jurídicos barceloneses consultados mostraron sorpresa y desconocimiento del hecho. Francisco Talón Martínez, presidente de la Sala Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Barcelona y profesor de Derecho Penal en la Universidad de Barcelona, manifestó que había tenido conocimiento de la noticia por la televisión, y que "no conociendo la causa no puedo tener una opinión formada".Añadió Francisco Talón que la noticia le había resultado "desagradable", dada la amistad que le unía a los dos procesados, "ya que conozco personalmente a los dos jueces". El magistrado agregó que fue compañero de promoción de uno de los afectados y con otro había tenido relaciones profesionales en Tortosa.

Según Talón, el procesamiento de los dos jueces "no significa nada", ya que ésta, como toda querella, se basa en unos "indicios de racionalidad" y las "investigaciones no están agotadas todavía"; esto quiere decir, según el magistrado, que lo mismo que pueden existir indicios de culpabilidad también existe el principio de inocencia amparado por la Constitución. Este procese, añade, puede desembocar en que "estos indicios se desvanezcan" o, por el contrario, pueden no desvirtuarse y procederse "a la apertura del juicio oral".

Por su parte, el letrado Joan Piqué Vidal, que ha asumido la defensa de los dos jueces procesados, señaló que "a mí no se me ha notificado ninguna resolución todavía", y añadió con relación al procesamiento de los dos magistrados que "respeto toda decisión judicial".