Dos hospitales pasan factura a los jornaleros atendidos tras herirles la Guardia Civil

Varios jornaleros de la localidad de Puerto Serrano están recibiendo facturas con el importe de la asistencia médica que recibieron tras la carga de la Guardia Civil que se produjo el pasado 27 de diciembre, cuando los manifestantes reclamaban dinero del ya extinto empleo comunitario. Por otro lado, uno de los afectados falleció recientemente en esa localidad. Su esposa le comentó al alcalde que desde aquella acción no dejó de sentirse mal.Al menos cuatro de los jornaleros que resultaron heridos de diversa consideración como consecuencia de la carga que efectuó una sección de la Guardia Civil en las afueras de Puerto Serrano (Cádiz) han recibido facturas de las residencias sanitarias de Cádiz y Jerez con el importe de las asistencias prestadas después de la acción. Rafael Pérez Ruiz ha recibido una factura de 4.680 pesetas por su estancia en la residencia de Jerez. Pedro Plata Álvarez, otra de 64.000 pesetas por lesiones en un brazo, de las que aún se resiente. Juan Gutiérrez Mesa, afiliado a UGT, que sufrió la pérdida de un ojo, ha recibido otra de 16.000 pesetas por tres días de estancia en la residencia de Cádiz, y Juan González Álvarez, otra por importe de 25.000 pesetas.

Los jornaleros comunicaron al alcalde, Antonio Cala, tal circunstancia. Éste se puso al habla con los responsables sanitarios, que le comunicaron que no era preciso que hiciesen efectivo el importe de dichas facturas, pero que podían presentarlas en la vista oral del juicio contra la Guardia Civil cuando éste tenga lugar.

Días después de los sucesos, el alcalde de Puerto Serrano presentó una querella contra los responsables de la acción, presentando como pruebas varios casquillos de bala, así como diversos proyectiles hallados cerca del lugar donde ocurrió la concentración y posterior carga.

Paralelamente a la denuncia presentada en el Juzgado de Arcos de la Frontera, el director general de la Guardia Civil, teniente general José Sáenz de Santa María, ordenó la apertura de expedientes que dieron como consecuencia el arresto del teniente Domingo Martínez Quintero y del brigada jefe de puesto de Villamartón, Eduardo Dieguez.