La derecha sugiere que existen 'conocidas connotaciones' en una venta del FORPPA

El Grupo Popular del Congreso presentó ayer una pregunta escrita al Gobierno sobre la venta hecha por el Fondo de Ordenación y Regulación de Precios y Productos Agrarios (FORPPA) de 70.000 toneladas de azúcar, venta que resultó fallida y que hizo perder al Estado un total de 504 millones de pesetas. Según Miguel Herrero y el diputado Antonio Navarro, experto en temas agrícolas de AP, en la subasta concurrieron diversas irregularidades, en las que, de no haberse producido el fallido, pudieran haberse beneficiado personas con "conocidas connotaciones", que constituyeron una empresa a la que, inicialmente, se adjudicó la venta.Los dos dirigentes aliancistas sacaron a relucir, tras algunas explicaciones algo confusas, el nombre del empresario Enrique Sarasola, antiguamente asociado, según ellos, al propietario de la empresa avalista de la operación, Antonio Blázquez. Éste constituyó la empresa Intermun, S.A., junto con su esposa María Teresa Abascal -amiga personal de la mujer del presidente Félipe González, según dijeron privadamente medios aliancistas y recoge Europa Press- y Juan Manuel Cabello Ariza -también ex asociado con Sarasola, de acuerdo con las mismas fuentes- Intermun tenía un ,capital social de un millón de pesetas, y su objetivo era avalar la compra por la empresa Ifco, con sede en París.

Sarasola desmintió ayer tajantemente haber estado asociado con Cabello, o tener cualquier relación con la operación. La venta a Ifco no llegaría a consumarse, y el FORPPA volvió a sacar a subasta la venta, no presentándose, esta vez, Ifco. En todo el proceso, dijeron Herrero y Navarro, el Estado perdió más de 504 millones de pesetas, en concepto de depreciación de la mercancía, no ejecución de avales y no depósito de montante legal. Entre las irregularidades parece encontrarse, dijo Navarro, el hecho de que la empresa adjudicataria ni siquiera depositó el escaso aval exigido, de un 2% sobre el montante total de la operación. Éste ascendía a 14 millones de dólares.

Según los representantes del Grupo Popular, el Gobierno trató de eludir una pregunta parlamentaria presentada el miércoles al ministro de Agricultura, Carlos