La acción de la Guardia Civil en Hernani fue "perfectamente legítima", según Barrionuevo

El ministro del Interior, José Barrionuevo, dijo ayer en el Congreso que la reciente acción de la Guardia Civil en Hernani, en la que murieron dos etarras y fue detenido otro, era "perfectamente legítima". El ministro fue aplaudido por socialistas, conservadores y centristas cuando, en respuesta al diputado de Euskadiko Ezkerra, Juan María Bandrés, afirmó, refiriéndose a estas muertes, que "más lamentable habría resultado que hubieran podido realizar las acciones que tenían proyectadas" los fallecidos.

Juan María Bandrés, que tuvo en contra a la mayoría de la Cámara, dijo al hablar de los sucesos de Hernani que había más soluciones que la de lanzar un arma de guerra, una granada, dentro del piso en el que se encontraban dos etarras. Bandrés admitió que se perseguía justamente a unas determinadas personas, pero afirmó que hubiera sido mejor aceptar el ofrecimiento de mediación del alcalde de Hernani, miembro de Herri Batasuna, que fue despedido con cajas destempladas; lanzar gases lacrimógenos, lo que hubiera precipitado la salida del piso de los sitiados, o cercar el edificio y esperar a que se entregaran ante la evidencia de su situación.Bandrés protestó porque no se dejara actuar a los bomberos hasta media hora después de producido el incendio, y por tanto el conjunto de actuaciones le pareció ¡legal y bárbaro y un uso inadecuado de la fuerza. Más ponderada y prudente sin embargo le pareció la homilía del obispo de San Sebastián.

Barrionuevo alegó que no se trataba de dos personas pacíficas e indefensas, puesto que mantuvieron un tiroteo con las fuerzas de seguridad durante varías horas. Se negaron a entregarse, según la versión del ministro, y era muy dificil que se les acabara la munición porque tenían miles de cartuchos, además de armas automáticas. El procedimiento empleado le pareció legítimo y aseguró que no quería caer en la hipocresía de tratar temas desiguales.

El ministro de Industria, Carlos Solchaga, afirmó que han sido abiertos 19 expedientes a pilotos de Ibería de los que se han derivado sanciones que van de 15 días a dos meses de empleo y sueldo y que para alguno supone un millón de pesetas.

La pregunta del Grupo Popular sobre las ventas de excedentes del FORPA no fue planteada, al estar ausente el ministro de Agricultura, Carlos Romero, que ayer acompañó al Rey a Roma.

Por la mañana compareció ante la comisión de Justicia e Interior el director de la Seguridad del Estado, Julián San Cristóbal, a instancia del diputado comunista Fernando Pérez Royo, que preguntó sobre dos cuestiones fundamentalmente: la utilización de armas de fuego por la policía y la no cancelación de antecedentes políticos a personas que sufrieron prisión en el régimen anterior, esto último en relación con el incidente ocurrido semanas atrás en el aeropuerto de Barajas cuando el vicesecretario del Partido Comunista de España (PCE), Enrique Curiel, fue detenido al presentar su pasaporte a la policía de fronteras.

Uno de los aspectos planteados por Pérez Royo fue la utilización de munición de caza por parte de la policía en la operación contra cuatro terroristas en Pasajes. Dijo San Cristóbal que se trataba de escopetas rápidas con postas, utilizadas por varias policías europeas, y añadió que a los terroristas se les dió el alto a 10 metros, a lo que respondieron con metralletas, "un arma de guerra".

En cuanto a la no cancelación de antecedentes políticos, San Cristóbal reveló que en 1976 comenzó el proceso de informatización de la policía; que en 1977, con motivo de la ley de amnistía, se enviaron circulares ordenando la cancelación de estos antecedentes, y que en 1983 se creó un comisión técnica del Ministerio del Interior con el fin de revisar los archivos. Calificó de error el caso de Curiel.