Confusión en el Senado por el intento del Gobiemo de aplazar la ley sindical

Un notable y confuso alboroto se produjo ayer en el Senado cuando el Grupo Parlamentario Socialista propuso al presidente de la Cámara, José Federico de Carvajal, el aplazamiento hasta septiembre del proyecto de ley orgánica de Libertad Sindical. Tras las indignadas protestas del Grupo Popular, y la amenaza de éste de abandonar el Pleno, el portavoz del Grupo Socialista, Juan José Laborda, anunció que renunciaba al aplazamiento. En consecuencia, el proyecto de ley mencionado se debatirá hoy, tal y como estaba previsto.El debate en Pleno del proyecto de ley orgánica de Libertad Sindical estaba previsto a continuación de la aprobación por el Pleno del Senado del proyecto de ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública. Cuando este texto iba por las últimas disposiciones, el Grupo Socialista remitió al presidente del Senado, José Federico de Carvajal, un escrito en el que solicitaba el aplazamiento del proyecto de ley orgánica de Libertad Sindical hasta el Pleno del día 17 de septiembre, amparándose en que la Constitución establece dos meses corno máximo para la tramitación parlamentaria de un proyecto de ley, y esta fecha se cumple el 26 de septiembre próximo.

El portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Juan José Laborda, manifestó que el sentido del aplazamiento no era otro que corregir parte de la redacción del texto remitido por el Congreso de los Diputados del proyecto de libertad sindical. "Hemos pedido el aplazamiento",, dijo Laborda, "porque necesitamos hacer una serie de modificaciones técnicas, que afectarán a la parte no orgánica del proyecto de ley, como al canon sindical y al aplazamiento de elecciones sindicales".

La intención del Partido Demócrata Popular (PDP) era hacer extensiva la presentación del recurso también al proyecto de ley de Reforma para la Función Pública, lo que originó gran sorpresa en el ministro de la Presidencia, Javier Moscoso. En su opinión "no se puede demostrar más ignorancia anunciando un recurso previo de inconstitucionalidad contra una ley, como la de Reforma de la Función Pública que, al no ser orgánica, no admite bajo ningún concepto recursos previos".

Por este motivo, el Grupo Popular no parecía ayer dispuesto a ¡sumir esta petición .