Las actuaciones de la Inspección de Hacienda, a punto de provocar la desaparición de los editores legales de vídeo

Las recientes actuaciones de la Inspección Financiera, y Tributaria entre los editores legales de videocassettes han creado una situación de insolvencia en el sector al exigirse a las empresas el pago de tributos atrasados, que en realidad no han sido recaudados por las empresas, por unas cantidades que superan hasta diez veces su valor patrimonial. Durante las últimas semanas, los inspectores han levantado actas a numerosas empresas del sector, por cuantías que oscilan entre los 30 y 600 millones de pesetas, por impago del Impuesto sobre el Lujo y, en parte, el de Tráfico de Empresas.

Hacienda pretende cobrar a los editores y distribuidores de videocassettes los impuestos citados por todo lo facturado en los ejercicios 1981, 1982 y 1983, a sabiendas de que estos industriales no lo han percibido de los consumidores. La Administración considera a los industriales como sustitutos del contribuyente, en este caso los consumidores y, por tanto, responsables solidarios del pago del tributo. Por el momento, los únicos beneficiarios de la operación han sido el sector pirata y las multinacionales que eluden el tributo alquilando las cintas en lugar de venderlas. Estas sociedades alegan que al alquilar no se produce la adquisición y por tanto tampoco el hecho imponible. Ni la propia Hacienda ha conseguido, de momento, beneficio alguno ya que todas las actas han sido recurridas.Las cantidades reclamadas exceden desproporcionalmente de la capacidad de pago del sector. Según un informe elaborado por la Comisión de Inspectores Regionales, nombrada para el estudio del sector del videocassette, la cuantificación del fraude fiscal del sector asciende a 15.203 millones de pesetas (9.049 millones de pesetas por impago del Impuesto de Lujo y a 4.105 millones por aplicación indebida de los tipos en el Impuesto General del Tráfico de Empresas). No obstante, el mismo informe reconoce que las posiblidades recaudatorias son muy inferiores ya que "suponiendo que a nivel nacional un 20% hubiera declarado, quedaría una deuda de 4.923 millones de pesetas".

El estudio parte de la base de que en el mercado existen unos siete millones de cintas vírgenes importadas legalmente, de las cuales un 80% se canalizan hacía la grabación. Asimismo, se estima que en el mercado existen unos 5.550 títulos de películas cinematográficas de los que se hacen unas mil copias por título y que se venden a unas 6.000 pesetas. Con estos datos, se considera que el volumen de ventas del sector, que es la base imponible del Impuesto sobre Lujo, es de 33.000 millones de pesetas. Como el tipo impositivo es, del 20%, resulta una cuota de 6.600 millones a los que se añaden 1.650 millones de sanción y 792 millones por intereses de demora.

Industria catalana

Las actuaciones de Hacienda se iniciaron a mediados de 1983 en que la inspección de Hacienda empezó a solicitar a algunos industriales catalanes el pago del Impuesto sobre Lujo en sus producciones de videocassettes. La mayoría de estos empresarios se habían dedicado hasta fechas recientes a la reproducción de cintas cinernatográficas, actividad que no estaba gravad por el impuesto sobre lujo. Pero con la aparición de las cintas de vídeo a mediados de 1981 la mayoría de los empresarios del sector cambiaron el soporte de sus películas cinematográficas y del soporte de cinta de super 8 se pasó al soporte videomagnético.La Administración consideró que el nuevo producto sí estaba afectado por el Impuesto sobre el Lujo, decisión que fue aceptada por los industriales catalanes agrupados en Asociación de Empresas de Producciones y Servicios Audiovisuales (APSOVAM).

Al no aceptarse esta primera propuesta, APSOVAM planteó una fórmula transitoria estableciendo un sello obligatorio tanto para las cintas vendidas con anterioridad a su publicación como para las cintas que en el futuro se fueran a comercializar. El Ministerío de Cultura aprobó mediante una Orden del pasado 14 de enero, que entre otras medidas señalaba que "la Dirección General de Cinematografía identificará las carátulas y etiquetas mediante signo indeleble y permanente a fin de garantizar su legalidad". El sistema del sello timbre fracasó porque inmediatamente apareció su falsificación en el mercado. Los industriales plantearon una nueva alternativa sugiriendo un sello tipo polaroid infalsificable pero ya era demasiado tarde pues la Inspección empezó a actuar.

Los representantes de las empresas mantuvieron una entrevista con el secretario general de Hacienda, Juan Francisco Martín Seco, quien mantuvo que el impago de los impuestos era un fraude, pero aceptó estudiar de nuevo el asunto, "con cariño", según fuentes de APSOVAM.

Paralelamente a estas gestiones, los editores catalanes intentaron aplicar el impuesto a sus clientes pero la reacción de rechazo fue unánime y las factura, se liquidaron descontando el tributo aplicado. Además, en Cataluña la actuación de la Inspección fue mucho más contudente que en otras zonas, porque los propios industriales colaboraron con Hacienda para intentar una solución con lo que facilitaron valiosos datos del sector.

Los industriales de Madrid, agrupados en la Asociación Videográfica de España (AVE), han mantenido desde un principio una posición totalmente opuesta al pago del Impuesto de Lujo. La AVE cuenta con el asesoramiento del ex ministro de Hacienda Jaime García Añoveros, bajo cuyo su mandato se reformó el artículo 22 del Texto Refundido del Impuesto sobre el Lujo que grava las adquisiciones de cintas magnetoscópicas. Según los criterios del significado asesor, las empresas no tienen que pagar el impuesto ya que se considera que éste debe pagar en origen cuando se compra la cinta virgen.