Temor a trabajar sin red

La crisis económica, al crear una nueva conciencia social que considera el trabajo como un bien escaso, ha generado un corporativismo exagerado entre todos los colectivos laborales, pero muy especialmente entre los funcionarios, por tratarse de trabajadores que una vez aprobada la oposición tenían asegurado el empleo vitalicio. Por esta razón, y desde distintos planteamientos, todos los sindicatos presentes en la Administración pública, sean de clase o no, y todos los empleados, desde el subalterno hasta el alto cargo, se han unido como una piña para no consentir que se introdujese en la ley una mínima vía que permitiera el despido libre. Este temor ha llegado hasta un punto tal que a pesar de que la ley es en este sentido conservadora y sigue sin admitir la posibilidad de despido, aunque muchos funcionarios han interpretado lo contrario.Sin embargo, dentro del propio partido socialista, de UGT y de CC OO esta cuestión ha suscitado un debate polémico. Quienes argumentan en favor del empleo vitalicio recurren a la propia Constitución (cuyo artículo 103 obliga el respeto al estatuto del funcionario y sobreentienden que éste implica la imposibilidad de despido) para defender sus tesis, recuerdan las cesantías del siglo XIX y advierten que para construir una Administración despolitizada el empleo de sus trabajadores no puede estar sujeto a vaivenes ministeriales.

Por contra, otros no sólo piensan que el despido debería ser una posibilidad frente a la inoperancia o la dejadez, o simplemente dar una salida racional tras la supresión de un servicio, al igual que ocurre en la empresa privada, sino que además señalan que esta particularidad de los trabajadores de la Administración es una de las causas de la inflación de personal, del elevado coste económico y de la falta de eficacia.

Son estos mismos los que recuerdan que cuando por imperativos políticos se suprimió la Secretaría General del Movimiento y los sindicatos verticales, miles y miles de empleados pasaron a engrosar las filas de una Administración, ya sobrecargada de efectivos humanos sin ninguna tarea concreta que desempeñar.

No obstante, a la hora de defender reivindicaciones, las discrepancias quedan en privado y la unión en defensa del puesto de trabajo permanente se presenta con tal solidez que ningún Gobierno, ni centrista ni socialista, ha osado esbozarlo en un borrador de proyecto. En la incorporación de los contratados a la Función Pública, las posiciones son similares. También confidencialmente, altos cargos socialistas y de los sindicatos de clase se preguntan hasta qué punto es justo primar en las oposiciones restringidas a 20.000 contratados que entraron muchos de ellos por .amistades diversas", frente a ciudadanos de fuera de la Administración que en ocasiones se quedan fuera por falta de plazas, algunos de ellos con la máxima puntuación. Y todo ello en un país con casi tres millones de parados.