Procesados cinco altos directivos de Rumasa por delitos monetarios o falsedades en documentos

El magistrado Luis Lerga, encargado de la causa penal de Rumasa, ha procesado a cinco altos directivos del holding como autores de delitos monetarios o falsedades en documentos mercantiles. Los procesados son Manuel Cambas Roldán, director general de la división de construcciones de Rumasa y consejero delegado de Hispano Alemana de Construcciones; Jorge San Juan Piñol, director general de Hispano Alemana de Construcciones; Juan Ignacio de Burgos López, director general de la división de vinos de mesa y cava de Rumasa; Luis Romero Agarrado, director general de la división bancaria de Rumasa, y Manuel Sánchez Marín, director general de administración y responsable del departamento de contabilidad de Rumasa.

El juez, que considera que existen indicios de criminalidad en la conducta de los cinco ejecutivos, ha decretado su ingreso en prisión, fijando fianzas de tres millones de pesetas para Cambas, San Juan y De Burgos, y de un millón para Romero y Sánchez. Asimismo, el juez ha señalado sendas fianzas de 20.000 millones de pesetas para Cambas y San Juan para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse.Según los autos de procesamiento, a los que ha tenido acceso EL PAIS, Cambas y San Juan ejecutaron en 1981 un contrato de obras en Irak por Hispano Alemana de Construcciones, para el que se abrió una cuenta corriente en el Alhali Bank of Kuwait con autorización de la Dirección General de Transacciones Exteriores, en la que se fueron ingresando las cantidades cobradas al Ministerio de la Vivienda iraquí sobre el importe total de las obras a realizar, por cuantía no determinada, así como 1,5 millones de dólares más.

Ambos directivos, de acuerdo con las instrucciones recibidas del entonces presidente de Rumasa, José María Ruiz-Mateos, que era titular del 40% de las acciones de Hispano Alemana de Construcciones, o del director adjunto del holding, José Díaz Hidalgo, ambos procesados, ordenaron transferencias y expidieron talones en divisas en favor de otras sociedades del grupo exterior sin contar con la autorización oficial española.

Entre septiembre de 1981 y febrero de 1982, la suma de esos talones y transferencias se elevó a más de 24 millones de dólares, que fueron cobrados por Inversora Iberoamericana, Loewe Fashions y el Norz Finanz Bank de Zurich.

Vinos y cavas

Hispano Alemana recibió de Rumasa el contravalor en pesetas, no en divisas, excepto 11 millones de dólares de Loewe, de los que 9,5 millones estaban contabilizados como débitos.Luis Romero Agarrado, director de la división bancaria de Rumasa, se puso en contacto con Ruiz-Mateos para regularizar una serie de asientos contables relativos a giros cambiarios no existentes en la realidad, cuyo montante aproximado era de 1.000 millones de pesetas. Ruiz-Mateos le facilitó nombres de empresas de importancia económica a nivel nacional y de otras no existentes para que se abriesen cuentas corrientes en los bancos del grupo o se utilizasen las que ya tenían para cargar los giros.

Romero Agarrado ordenó las operaciones sin contar con las entidades y disponiendo de su importe en beneficio de las sociedades de Rumasa, con perjuicio económico de los accionistas de los bancos obligados al pago, que ignoraban las maniobras.

En la noche del 23 al 24 de febrero (fecha de la expropiación), por instrucciones de Ruiz-Mateos, Luis Romero dejó sin efecto las operaciones, cargando las partidas a empresas de Rumasa.

Manuel Sánchez Marín, director de la administración de Rumasa, siguiendo instrucciones de Ruiz-Mateos o de Díaz Hidalgo, formó un equipo contable especializado de la empresa para elaborar los datos que habían de facilitarse de forma distorsionada a Arthur Andersen para la auditoría que le habían encomendado. Las instrucciones eran disminuir el pasivo real, suprimiendo las deudas y créditos, y simular un aumento patrimonial de Rumasa, lo que no correspondía con la realidad. Los incrementos de patrimonio sumaban 356.753 millones de pesetas.

Entre 1977 y 1982 se incrementó "falazmente", según el auto, el beneficio de la empresa a base de contraasientos al final de cada ejercicio en la partida de Hacienda, que quedaba a cero. Las sumas no ingresadas por las que el Estado ha resultado perjudicado, de forma provisional ascienden a 17.549 millones de pesetas. La diferencia sobre los asientos referidos a la Seguridad Social, que también fueron alterados, suponen un total de 1.010 millones de pesetas en los años 1981, 1982 y parte de 1983.