Felipe González y dos de sus ministros controlaron la investigación sobre responsabilidades en Banca Catalana

El presidente del Gobierno, Felipe González, y los ministros de Economía y de Justicia, Miguel Boyer y Fernando Ledesma, controlaron de cerca las investigaciones sobre responsabilidades por la crisis de Banca Catalana, que han culminado en la querella contra Jordi Pujol y otros 24 ex directivos del citado grupo bancario. Boyer puso en marcha la investigación de las autoridades monetarias, y Ledesma preparó un informe sobre los "indicios delictivos" que se apreciaban en ella; con esta base, el Consejo de Ministros puso el asunto en manos de la Fiscalía del Estado, sin predeterminar los supuestos responsables de los hechos descubiertos. La querella no estalló antes de las elecciones debido al trabajo de comprobación de datos desarrollado por los fiscales.

El Ejecutivo perdió el control sobre la marcha del proceso cuando las investigaciones pasaron al ámbito de la fiscalía, pero no desconocía las gestiones destinadas a la redacción de las acusaciones. Aún así, la noticia sobre la inminencia de la querella, publicada al día siguiente de aprobado su texto (20 de mayo) sorprendió al Gobierno sin una estrategia para la presentación pública del tema, lo cual facilitó la rápida reacción política de Miquel Roca y Jordi Pujol.

El Ejecutivo recompuso el consenso interno sobre la continuidad de, la línea emprendida, tras un debate en que el superministro económico, Miguel Boyer, actuó como principal defensor de la necesidad de exigir responsabilidades.

Este desenlace no implica la ausencia de toda estrategia gubernamental definida en el problema. Por el contrario, desde mayo de 1983 hasta febrero de 1984 el Ejecutivo activó, sucesivamente, tres mecanismos distintos, cada uno de, los cuales acercó a los ex directivos de Banca Catalana hasta el umbral de la justicia, según la reconstrucción que ha sido posible efectuar de todo este proceso.

El Gobierno actúa

En la primera fase, el ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, condujo personalmente la petición. de informes al Banco de España y al Fondo de Garantía de Depósitos, respecto a la situación financiera y contable del grupo Banca Catalana. Una vez estos datos en poder del Gobierno, Miguel Boyer y Felipe González sopesaron coordinadamente la información recibida y enviaron toda la documentación al ministro de Justicia, Fernando Ledesma.El Gobierno anunció además sus propósitos al Congreso de Diputados. El ministro Boyer compareció el 16 de junio de 1983 ante la Comisión de Economía, con una exposición que estuvo dedicada en un 95%. a la solución económico-financiera dada a la crisis de Banca Catalana, y el resto, a las intenciones investigadoras del Gabinete. Como ha recordado ahora Felipe González, varios grupos del Congreso, entre ellos la Minoría Catalana, felicitaron entonces al Gobierno por ese informe parlamentario; pero lo cierto es que tales parabienes se dirigían a la solución dada a la crisis del grupo -que excluía su nacionalización-, y no al propósito de exigir responsabilidades. Aunqué también es verdad que ninguno de los sectores parlamentarios se opuso a la iniciativa investigadora.

Del informe entregado al Gobierno por el Banco de España (noviembre de 1983) se desprendía ya la existencia de numerosas irregularidades. Esta documentación consistía en una relación de hechos y en una lista de consejeros y ejecutivos de Banca Catalana, en sus diferentes períodos de actividad. El informe de la autoridad monetaria no establecía relación entre los hechos descritos y las personas que pudieran ser responsables de los mismos.

Por tanto, no es que la investigación del Banco de España afectara o no a Jordi Pujol desde el principio, aspecto que ha sido objeto de abundantes especulaciones; sino que el resultado de los trabajos de la autoridad monetaria no relacionaba ninguno de los hechos con persona alguna, según han confirmado a este periódico medios de absoluta solvencia.

El informe Ledesma

Con la documentación del Banco de España en su poder, el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, y un reducido equipo de asesores, examinaron los aspectos jurídico-penales que se desprendían de la información obtenida. El ministro dio cuenta de sus conclusiones a la presidencia del Gobierno, en forma de "opinión sobre los indicios de delito" apreciados en los documentos del Banco de España. Este informe del responsable de Justicia fue tratado en Consejo de Ministros y sirvió de base a la decisión de poner el asunto en manos de la fiscalía del Estado.El acuerdo del Gobierno, del que no se dio cuenta a la opinión pública -ni siquiera a la propia ejecutiva federal del PSOE- fue tomado en el pasado, mes de febrero. Tan estricta reserva estuvo motivada por "la necesidad, de evitar presiones que hubieran impedido un examen jurídico desapasionado del fondo del problema", según explicación de fuentes del palacio de la Moncloa. Los mismos medios niegan la existencia de un acuerdo formal del Consejo para poner el asunto en manos del fiscal del Estado; no es menos cierto, sin embargo, que el Gobierno trató colegiadamente el tema y mantuvo reserva sobre el mismo.

Los portavoces oficiales del Gobierno y del PSOE coinciden en aseverar que "no hubo aceleración ni retraso" en los trámites que condujeron hasta la querella. Esa tesis tiende a reforzar la idea de la casualidad en la secuencia temporal, frente a las denuncias de Roca y de Pujol, que acusaron al Gabinete de Felipe González de haber ejecutado una venganza política calculada contra Cataluña. Sin apoyar ni negar cada una de dichas versiones, se da la circunstancia de que el Gobierno retuvo la decisión sobre el paso del asunto a la fiscalía, desde finales de noviembre de 1983, fecha de recepción del informe del Banco de Esepaña, hasta finales de febrero de 1984, en que activó el mecanismo del ministerio público; es decir, pasó el tema al fiscal general en vísperas de la convocatoria de elecciones autonómicas. La fiscalía comenzó a trabajar cuando faltaban seis días para la convocatoria electoral.

Una 'bomba' en campaña

Como consecuencia del impulso de marzo, el acopio de investigaciones y documentos sobre el caso Banca Catalana sufrió una aceleración; pero las investigaciones complementarias, emprendidas en el ámbito de la fiscalía, se alargaron lo suficiente como para que no estuvieran terminadas hasta la última semana de abril, en coincidencia con la recta final de la campaña a las elecciones al Parlament.Sólo una rápida decisión de la fiscalía, en el sentido de redactar la querella tan pronto como recibió la documentación del Banco de España, habría producido el estallido de la bomba en período electoral, probablemente con menos personas implicadas de las que lo están ahora. De hecho, la documentación remitida inicialmente por el Banco de España, y los anexos que la acompañaban, era relativamente escasa y parte de ella se encontraba en mal estado (fotocopias borrosas, etc).

Los fiscales exigieron entonces no sólo copias correctas de lo que ya tenían, documentos ampliatorios al Banco de España, Fondo de Garantía de Depósitos y Registro Mercantil. Reunir y estudiar toda ese voluminoso material, para fundamentar la querella, provocó el retraso en la preparación de la misma.

Todos estos hechos no parecen avalar la hipótesis de una presión gubernamental para imprimir a los trabajos un ritmo determinado: ni tampoco ofrecen pruebas de que la fiscalía del Estado se plegara, sin más, a una supuesta petición del Ejecutivo para proceder contra Pujol. Llama la atención, en cambio, la estratégica fecha elegida por el Gobierno para poner el asunto en manos del ministerio público.

La propia actitud de los fiscales encargados del caso, Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, contribuyó a que las acusaciones no fueran formalizadas antes de las elecciones. Su tarea estaba finalizada el 24 de abril, cinco días antes de la votación popular; pero aguardaron hasta el 4 de mayo para entregar la propuesta al fiscal-jefe de la Audiencia de Barcelona, Alejandro Sanvicente. No es aventurado suponer que este retraso obedeció a una actitud de prudencia personal, ante el importante hecho político que Cataluña vivía en aquellas fechas.