Procesados un inspector de Catalana de Gas y dos industriales por la explosión en Barcelona

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Barcelona, César Plana, ha dictado auto de procesamiento contra los representantes legales de las compañías Gas Instalaciones y Proyectos, SA (GIPSA), y Gasland y contra un inspector de la compañía Catalana de Gas y Electricidad por un supuesto delito de imprudencia temeraria cometido en las instalaciones de gas de la calle de Cristóbal de Moura, número 237, y Roís de Corella, 2, en el barrio del Besós de Barcelona, según consta en el auto facilitado a la agencia Europa Press por el abogado Miquel Baqué, defensor de la familia de uno de los dos fallecidos en la explosión que se registró en ese lugar el pasado mes de marzo. Otras ocho personas resultaron heridas en el suceso.

Los procesados son Juan Monge Oliva, representante legal de GIPSA, una de las empresas subcontratadas por Catalana de Gas para efectuar las instalaciones de gas; Torcuato Jiménez López, representante legal de Gasland y presidente de Amdigas, empresas también instaladoras; y José Canales Velasco, inspector de la compañía Catalana de Gas y Electricidad, que fue quien revisó la instalación de dicha red.A las 0.55 horas del sábado 3 de marzo, una gran explosión ocasionó el derrumbamiento de las cuatro viviendas unifamiliares situadas en la confluencia de las calles de Cristóbal de Moura, de Roís de Corella y de Mesina. Dos personas resultaron muertas: Pascual. Pastor, de 70 años, domiciliado en el 237 de Cristóbal de Moura, y Esteban Molina, de 26, que se encontraba de visita en la vivienda número 239 de la misma calle. Otros ocho vecinos sufrieron heridas, así como un bombero. Por otra parte, el magistrado César Plana fijó la responsabilidad civil en 150 millones de pesetas y declaró responsables civiles subsidiarios a Catalana de Gas, GIPSA, Gasland y Amdigas.

Imprudencia temeraria

El juez considera que los citados procesados incurrieron en un delito de imprudencia temeraria, ya que en el curso de la instalación, según el auto, '"los instaladores olvidaron toda norma precautoria y los más elementales deberes de cautela", y añade que hubo "ausencia de previsión y falta de adopción de medidas adecuadas para evitar un resultado dañoso". Sin embargo, el juez ha decretado la libertad provisional sin fianza para los tres procesados, al considerar que se trata de un delito de imprudencia temeraria y que no es necesaria su estancia en prisión.En el mismo auto se indica que ha quedado suficientemente probado que la explosión "tuvo lugar por una fuga de gas producida concretamente en la vivienda número 2 de la calle de Roís de Corella, cuyo contador marcaba al ser instalado 19 metros cúbicos, marcando 44 metros cúbicos después de la explosión, y asimismo que tal vivienda no estaba ocupada, al extremo que tanto los instaladores como el inspector de la compañía Catalana de Gas se tuvieron que valer por la llave que les facilitó una vecina para poder hacer las oportunas conexiones e inspecciones, todo lo cual debían efectuar en presencia del usuario o persona autorizada a fin de recibir instrucciones".

El juez César Planas y el perito José Villalba -el mismo que participó en el sumario de la explosión de la calle del Capitán Arenas, en 1972- comparecieron ante la Prensa el pasado 7 de marzo para dar cuenta de un comunicado oficial sobre las investigaciones realizadas (véase EL PAIS del 8 de marzo). En aquel informe ya se denunciaba "un elevadísimo consumo de gas natural en el contador de la casa número 2 de la calle de Roís de Corella, en el cual, partiendo de la base de que durante las ocho horas transcurridas desde la conexión hasta la del siniestro no había nadie en la vivienda, sólo puede, ese consumo, interpretarse como una fuga de gas".