Los empresarios, ante un año de autonomía madrileña

La autonomía de Madrid cumple durante estos días su primer año de vida. Un año que comenzó con la constitución de la Asamblea, con la elección del presidente de la comunidad y con el nombramiento del Consejo de Gobierno.La Confederación Empresarial Independiente de Madrid (CEIM) ha seguido atentamente el proceso autonómico desde la elaboración del Estatuto y ha ofrecido siempre su colaboración para conseguir lo mejor para la Comunidad de Madrid. Una colaboración basada en la crítica legítima y constructiva y en la aportación de las experiencias, estudios e iniciativas de nuestro colectivo.

Con el inicio de las tareas de la Asamblea y del Consejo de Gobierno y la aparición de las primeras disposiciones en el Boletín Oficial de la Comunidad, CEIM continuó su actividad autonómica en una doble vertiente: representacíón y defensa de los intereses empresariales ante el Gobierno de la comunidad y el principal partido de la oposición e información a los empresarios afiliados sobre las disposiciones de todo tipo que podían afectarles.

Tres han sido las áreas en que hemos actuado principalmente: urbanismo, Consejo de Relaciones Laborales e Instituto Madrileño de Desarrollo.

En urbanismo, han tenido para nosotros trascendencia dos temas, El primero es la ley de Disciplina Urbanística, y el segundo, ley sobre Ordenación Territorial de la Comunidad de Madrid.

Sobre los dos, CEIM ha hecho llegar a los responsables de la Comunidad de Madrid sendos documentos críticos, elaborados por nuestra comisión de urbanismo.

En la ley de Disciplina Urbanística se ha seguido una política de hechos consumados, a pesar de la

observación de CEIM de la existencia de una voluntad intervencionista que discrimina negativamente a la iniciativa empresarial privada respecto de la pública.

Lo mismo se puede decir de la ley de Ordenación Territorial de la Comunidad de Madrid, de la que CEIM ha considerado-que su planteamiento supone un aumento potencial de intervención directa en los planeamientos urbanísticos municipales y ha resaltado la centralización excesiva en la Consejería de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda de las facultades ' de iniciación y/o elaboración de las figuras proyectadas teniendo en cuenta la incidencia multisectorial de las mismas.

Una decepción

En cuanto al Consejo de Relaciones Laborales, hemos de dejar constancia, en cambio, de que el proyecto ha sido discutido con CEIM, se han recogido nuestras propuestas y en él estamos participando activamente.

El Instituto Madrileño de Desarrollo, según el proyecto que conocemos, ha supuesto par- a nosotros una decepción en cuanto a su planteamiento inicial. Desde la primera idea de un órgano para la promoción del desarrollo económico de la comunidad, con un consejo de administración en el que tuviesen participación empleadores de reconocida competencia y un presidente con amplia experiencia empresarial, se ha pasado a un simple instrumento del Consejo de Gobierno, muy burocratizado, y creemos que poco eficaz para hacer frente a la crisis industrial y a la promoción de actividades empresariales y creación de nuevos puestos de trabajo.

Otra faceta de nuestra participación en la actividad autonómica de este primer año se refiere a la información puntual a los asociados sobre las disposiciones que puedan afectarles. Por medio de las circulares informativas, los empresarios afiliados reciben información pormenorizada de las leyes aprobadas por la Asamblea y de los decretos, órdenes y acuerdos promulgados por el Consejo de Gobierno. Esta información es tanto más necesaria por el escaso conocimiento que, según se deduce de una reciente encuesta realizada por CEIM, tienen los empresarios de la actividad normativa de la comunidad. Baste recordar que sólo un 31% de los empresarios madrileños tiene una idea general del Estatuto; el 83% no ha leído el Boletín de la Comunidad, -el 74% no sabe si en él se publican disposiciones que puedan afectarle, y un 86% no conoce las competencias que se han transferido.

El resto de los temas que puedan afectarnos hemos de esperar para hacer una valoración. Hasta ahora el traspaso de funciones y competencias del Estado a la Comunidad de Madrid va apareciendo poco a poco en el Boletín, y su repercusión hasta ahora es escasa. Veremos en qué forma desarrolla la comunidad las transferencias en temas industriales, comerciales, transportes, agricultura y turismo.

En este primer año de funcionamiento también se han planteado otras cuestiones que aún están pendientes y para las que esperamos soluciones.

Desde hace tiempo tenemos planteado al presidente de la comunidad la necesidad de contar con una sociedad de garantía recíproca fuerte y operativa, que pueda ayudar a la pequeña y mediana empresa en él acceso al crédito. Para ello hemos ofrecido la que en su día promovieron el IMPI y organizaciones de CEIM, y que nosotros apoyamos. Ante el compromiso de la comunidad, creemos que este tema tendrá una solución próxima.

Está también pendiente el desarrollo del artículo 62 del Estatuto, en cuanto al régimen especial que determinará las relaciones entre las instituciones estatales, autonómicas y municipales. Confiamos en que se cuente con CEIM, ya que, a lo largo del tiempo, hemos hecho un gran esfuerzo y acopiado información y documentación sobre tan importante cuestión.

Urgente reindustrialización

Para representar y defender adecuadamente los intereses empresariales, CEIM ha solicitado al presidente Leguina una representación en la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de la comunidad. Hemos de destacar la respuesta del presidente, prometiendo que cuando termine el traspaso de transferencias a la comunidad en estos temas se reestructurará la citada comisión, dando entrada en ella a diversas organizaciones, entre las que se encontrará CEIM.

Por último, señalamos otra de las cuestiones pendientes, pero no de la competencia del Consejo de Gobierno, sino del Gobierno del Estado: la declaración de Zona de Urgente Reindustrialización del Cinturón Industrial de Madrid, con las subvenciones, preferencia en la concesión del crédito oficial y bonificaciones fiscales que lleva implícitas. En una comunidad como la nuestra, en la que la crisis industrial ha tenido graves repercusiones, se hace necesario que el Gobierno, en uso de las atribuciones conferidas por el real decreto ley de 30 de noviembre de 1983, haga la declaración correspondiente, declaración que nosotros acabamos de apoyar ante el ministro de Industria y Energía.

Hasta aquí, una revisión a vuela pluma de los. temas autonómicos madrileños que puedan afectar a los empresarios después de un año de vigencia del Estatuto y de menos de 12 meses de actividad de la comunidad. Un año en el que las relaciones personales e institucionales de CEIM con la comunidad han sido buenas y en el que las disposiciones de la misma han proyectado luces y sombras.

Una vez más, reiteramos nuestra oferta de colaboración, ya que entendemos que la tarea es común y que el esfuerzo ilusionado de todos los estarnentos es imprescindible.