La lucha contra el corporativismo, meta de un nuevo proyecto de asociación judicial

La corriente moderada de la judicatura denominada Francisco de Vitoria y un sector de magistrados del Tribunal Supremo conocido como Grupo Judicial, anunciaron ayer su fusión e hicieron un llamamiento al resto de los jueces y magistrados para que se integren en este nuevo proyecto asociativo judicial.En su manifiesto, los promotores de la futura asociación se presentan como una asociación necesaria y viable cuyo objetivo prioritario es la plena inserción del poder judicial en la sociedad y la movilización ante quienes quieren "desde posiciones estrictamente corporativistas y con una visión retrospectiva, patrimonializar lo judicial".

Los patrocinadores de esta iniciativa recuerdan que a finales de 1983, un grupo de jueces, "conscientes del desfase existente entre la sociedad española y el poder judicial", trataron de constituir en el seno de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) una corriente organizada.

Añaden que aquel intento se frustró en marzo de 1984, cuando el cuarto congreso de la APM aprobó unas conclusiones "contrarias a la pretensión pluralista y, por ende, ajenas a la realidad social y del colectivo judicial".

La consecuencia de aquella posición de la mayoría ultraconservadora fue que el grupo Francisco de Vitoria -como la corriente progresista Jueces para la Democracia- se emancipó de la APM y transformó su proyecto originario de corriente en el de creación de una nueva asociación.

Tras las negociaciones realizadas con otros sectores profesionales, el pasado 10 de mayo se llegó a la decisión de "integrarse en un proyecto asociativo nuevo que se denomina Francisco de Vitoria / Grupo Judicial". Según sus promotores, la futura asociación se plantea el servicio a los ciudadanos, la modernización de los medios de la justicia, el pluralismo y la independencia frente a cualquier opción política específica.

Entre sus objetivos concretos figura una nueva concepción de la Escuela Judicial como instrumento de selección y formación constante; la responsabilidad y transparencia de la actuación judicial y el impulso del Consejo General. El proyecto nace con vocación pluralista "abierto a todas las tendencias que asuman tales propósitos".