Desestimada la querella de Darsa, SA, contra directivos de la Compañía Telefónica

Pedro Martín García, magistrado juez del juzgado de instrucción número 10 de Barcelona, ha desestimado la querella por presuntas calumnias interpuesta por Darsa de Barcelona, Sociedad Anónima Inmobiliaria, contra directivos, ex directivos y empleados de la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE). En el auto dictado por el juez tras la vista del juicio oral, celebrada el pasado día 5 de junio, se señala que no han sido probados los hechos contenidos en el escrito de la querella y que no procede el procesamiento de los querellados.

Los citados en la querella son Fernando Sánchez Contador, ex delegado de Telefónica en Cataluña; Antonio Masanés Pérez director del Departamento de Asuntos Sociales; Adalberto Sobrino, responsable del departamento de Asuntos sociales en Barcelona; y los empleados María del Carmen del Toro y José Sánchez Montero.El juez estimó que no habían sido probados los hechos contenidos en el escrito de la querella, admitida a trámite el pasado 30 de abril, que acusaban a los anteriormente citados como presuntos autores de un delito de calumnias contra la inmobiliaria. En la vista, todos los querellado negaron haberse dirigido a empleados y ex empleados de la CTNE, que ocupan viviendas de Darsa, recomendándoles que no adquirieran los pisos ofertados por la inmobiliaria "toda vez que lo que está haciendo esta sociedad es un robo y que está estafando a todos los que compran las viviendas".

Los representantes de la CTNE han señalado que la empresa Darsa no tenía derecho a obligar a la compra de las viviendas ni a efectuar los desahucios, y que en todas sus relaciones con los inquilinos, empleados o exempleados de la compañía, se habían limitado a informarles de sus derechos como ocupantes de unas viviendas reguladas por una legislación muy compleja, que ha sufrido recientes modificaciones.

Precios de venta

Con esta decisión judicial parece finalizar el largo enfrentamiento sostenido entre Darsa de Barcelona, Sociedad Anónima Inmobiliaria, y la CTNE a raíz de los numerosos contenciosos judiciales que se han suscitado entre empleados de Telefónica y la inmobiliaria. El conflicto ha pasado por diversas etapas, en el que se ha cuestionado desde los derechos de los inquilinos a continuar ocupando las viviendas después de la jubilación, hasta los derechos de las viudas y descendientes a subrogarse en los derechos del causante.Un reciente decreto del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo restableció en buena parte los derechos constitucionales de los ocupantes de estas viviendas, equiparándolos a resto de arrendatarios españoles, acabando así con la discriminación que significaba estar sujetos todavía a la legislación del régimen franquista sobre esta materia.

Sin embargo, el conflicto aún no se ha resuelto en lo concerniente a la valoración de las viviendas. Lo inquilinos no están dispuestos a, aceptar el precio propuesto por la inmobiliaria, que aunque no se trata de cantidades muy elevadas, consideran que no guardan proporción con el valor de los inmuebles.

En este sentido, señalan que Darsa construyó unas 5.000 viviendas en toda España, 700 de las cuales se hallan localizadas en Cataluña, contando para ello con significativas ayudas y subvenciones financieras. Cabe destacar las aportaciones económicas de grandes empresas, como Telefónica, Tabacalera y Siemens en cumplimiento de la legislación de los años sesenta que obligaba a las grandes empresas a proporcionar viviendas a una parte de sus trabajadores. Algunas de las aportaciones consistían en suscripción de obligaciones sin interés con un plazo de amortización de 50 años.