42 familias han conseguido paralizar la expropiación de sus viviendas desde hace 25 años

Las 42 familias que viven en el llamado triángulo de oro -limitado por las calles de Capitán Haya, Bravo Murillo, Ulpiana Benito y Sófora, a la espalda del edificio de los juzgados de la plaza de Castilla- se han visto sorprendidas en las últimas semanas por una serie de notificaciones en las que se les da un corto plazo de tiempo para que desalojen sus viviendas. Los responsables socialistas de la Comunidad de Madrid reinician así un largo proceso de expropiación, que los vecinos han logrado detener durante 25 años y que quedó paralizado en 1979, cuando el delegado del Gobierno en Coplaco, Carlos Conde Duque, se comprometió a no actuar hasta que hubiera un acuerdo con los afectados para su realojamiento.El pasado 22 de mayo, Julio Bautista Silva, propietario de una panadería, recibía en su domicilio una carta de la Consejería de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda de la Comunidad de Madrid en la que se le requiere "para que en el improrrogable plazo de cuatro días( ... ) realice el desalojo de la vivienda". El triángulo de oro fue calificado en el Plan General de 1963 como zona de equipamientos y dotaciones de uso público y el mismo carácter se ha mantenido en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. En el solar se construirán, al parecer, instalaciones deportivas.

La ocupación, "declarada de urgencia", según el escrito de la comunidad autónoma, fue decidida por decreto del Ministerio de la Vivienda en abril de 1959. Veinte años más tarde, y a pesar de esta urgencia, los vecinos seguían allí, con sus pancartas de protesta. Con el asesoramiento de la abogada Paquita Sauquillo, diputada independiente en la Asamblea de Madrid y senadora independiente elegida por el PSOE, se logró que Conde Duque, entonces delegado del Gobierno en Coplaco (Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana), cambiara sus planteamientos. En el escrito que Conde Duque envió a los vecinos afirmaba que "no se procederá, en ningún caso, al desalojo hasta que no se haya adoptado una solución de realojamiento".

La carta, fechada el 20 de julio de 1979, es la última comunicación que los vecinos dicen haber recibido hasta que el pasado mes de febrero la Comunidad de Madrid realizó un censo para comprobar quién vivía en los terrenos objeto de la expropiación. Tras esta visita, y el desalojo de dos familias gitanas que se habían metido en una de las viviendas después de realizado el censo, la primera noticia que han tenido de que el proceso de expropiación nunca se había cerrado fue la orden de desalojo.

Alfredo Cidoncha, director general de Suelo y Patrimonio de la Consejería de Ordenación, asegura que la expropiación va a realizarse, aunque antes "se intenta buscar una vivienda a todos los afectados. Hemos citado a algunos propietarios y vamos a estudiar con ellos cada caso"

Oferta de realojamiento

Sobre la solución ofrecida a los vecinos, el representante de la comunidad autónoma afirma que "existe la posibilidad de conseguir un realojamiento para todos los propietarios en condiciones muy favorables, con un 5% del precio de la nueva vivienda de entrada y el resto a pagar en 20 o 25 años". Estas condiciones son criticadas por los afectados, pues, según dicen, supondrían unas 125.000 pesetas de entrada y unas 9.000 pesetas durante 25 años, "cantidades que no pueden pagar quienes viven de pensiones, bajas en muchos casos".Los vecinos consideran innecesario el desalojo, "pues no debe haber proyectos tan urgentes para los terrenos cuando se llevan 25 años de proceso administrativo". Opinan que "no se pueden recibir a cambio de nuestras viviendas indemnizaciones que resultan ridículas".

En el escrito enviado a Julio Bautista, el panadero, se indica que el precio fijado para su vivienda por el Jurado Provincial de Expropiación en 1973 era de 209.800 pesetas con 49 céntimos, "cantidad con la que hoy día no es posible rehacer la vida de una familia", asegura el interesado.

Jacobo Echeverría, abogado de las familias afectadas, subraya que junto a estos problemas "existe el compromiso contraído con los vecinos en 1979, que no se ha cumplido. Creo que los responsables de la Comunidad de Madrid tienen la obligación moral y jurídica de llega a un acuerdo. Y no en las condiciones que se les ofrecen, pues hay gente que no puede pagar mucho dinero".

Echevarría asegura que "hay que buscar también una solución al problema de los locales comerciales, que no existen para la Administración por el hecho de que se instalaron a principios de los años sesenta, cuando ya estaba abierto el proceso de expropiación". Según el abogado, "el Ayuntamiento dio las correspondientes licencias definitivas, por lo que las industrias existen a todos los efectos".