Los santanderinos piden la baja en el padrón municipal para evitar el pago

La aplicación de un recargo del 10% en la cuota líquida del impuesto sobre rendimiento de las personas físicas (IPRF), aprobado por el ayuntamiento, sitúa a Santander en la cabeza de las capitales de provincia en cuanto a incremento impositivo. Este privilegio ha dado lugar a la aparición de un amplio movimiento de oposición, que solicita la suspensión del acuerdo adoptado por el municipio.El alcalde, Juan Hormaechea, considera que es más "progresivo" gravar sólo la renta que hacerlo también sobre la contribución urbana y la rústica.

El gravamen sobre el IRPF puede crear a la delegación de Hacienda en Santander graves problemas si prospera la actitud de resistencia, adoptada por numerosos ciudadanos, a efectuar su pago junto con la declaración de la renta.

Mientras las asociaciones de consumidores, ciudadanas y vecinales, junto a los sindicatos y el apoyo del PSOE, PCE, Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y CDS, denuncian el aumento, en relación con años anteriores, de un 45% en los impuestos municipales, el alcalde de Santander justifica su decisión por la necesidad de "acrecentar la calidad de vida y la habitabilidad de Santander, condiciones que son reconocidas por todos".

En el programa de inversiones, aprobado por el ayuntamiento cántabro a propuesta del alcalde y con el respaldo del grupo de concejales de Coalición Popular, se incluyen diferentes obras por un valor total de 1.785 millones de pesetas, a realizar este año. Estas obras serían sufragadas con cargo a los 800 millones que pretende recaudar mediante el recargo sobre el IRPF.

Sin embargo, en opinión de quienes rechazan este recargo, la alcaldía pretende paliar el importante déficit municipal, que ascendería en la actualidad a más de 2.500 millones de pesetas.Otro fenómeno peculiar que se ha suscitado en la capital durante todo el mes de enero pasado ha sido el colapso de la oficina de empadronamiento del Ayuntamiento de Santander. Ante su ventanilla se produce una afluencia masiva de ciudadanos que acuden allí con la intención de tramitar su baja en el padrón de Santander al objeto de evitar en años sucesivos el pago del recargo del 10% sobre el IRPF, aprobado por la corporación el 31 de diciembre del pasado año.

Para frenar este descenso súbito de la población santanderina, el alcalde ha publicado una nota en la que se señala una amplia relación de requisitos para poder causar baja provisional en el padrón municipal. Estos impedimentos añadidos han conseguido hacer descender en pocos días las solicitudes a su nivel habitual y evitar de hecho el desempadronamiento, que sólo escasas personas han obtenido.

La decisión del alcalde de Santander ha supuesto también, para las solicitudes no justificadas, el ser remitidas al ministerio fiscal "por si pudiera constituir delito".