Pensiones a medida y semejanza

La voz de alarma vino directamente de Joaquín Almunia, ministro de Trabajo y Seguridad Social: España contará con 6,6 millones de pensionistas en 1990, que costarán 3,8 billones de pesetas. Al mismo tiempo se prevé un descenso del número de cotizantes, por lo que el Estado no podrá hacer frente a las futuras pensiones. Los cotizantes de hoy pueden encontrarse con una vejez a pan y agua, a no ser que busquen prestaciones complementarias por sus propios medios. En ese caldo de cultivo proliferan variadas ofertas que giran en torno a una idea: planificar hoy la jubilación de mañana.Los responsables de la política económica española, que deben enfrentarse a la futura quiebra de la Seguridad Social, si antes no ponen los remedios necesarios al previsto y desmesurado aumento de las pensiones, se han decidido por una fórmula alternativa a las jubilaciones pagadas exclusivamente con dinero público. La fórmula elegida ha sido el modelo anglosajón, que viene funcionando con éxito en Estados Unidos: los fondos de pensiones. El proyecto que regulará estas sociedades aún no está dispuesto, aunque no pasando mucho tiempo los futuros jubilados españoles pueden encontrarse ante esta nueva adquisición del american way of life.

Mientras llega la correspondiente ley, varias aseguradoras, entidades crediticias y fondos mobiliarios han comenzado a concienciar a los españoles con un sistema previo a los fondos de pensiones y que cumple parcialmente estas funciones. Las campañas de publicidad han sido importantes, y casi todo el mundo tiene en mente ofertas de "plan de jubilación personal", "plan sistemático de pensiones" o "cuenta individual".

Estos productos son, sin embargo, moldes viejos con caras nuevas. En los años setenta ya existían los planes sistemáticos de ahorro, que al haber basado sus beneficios en inversiones de renta variable sufrieron el descalabro de la bolsa y desaparecieron del mapa. Las plusvalías prometidas a los partícipes también se esfumaron, ya que en los últimos 10 años la bolsa española perdió un 70% en términos nominales y un 90% en términos reales.

Ahora, las entidades que ofrecen jubilaciones a medida han aprendido la lección de la historia y realizan sus inversiones en títulos de renta fija, de máxima seguridad, como pagarés del Tesoro u obligaciones. Aunque las ofertas varían, el principio de funcionamiento es similar para todas ellas. El futuro pensionista pacta con la entidad elegida qué plan de jubilación desea: cantidades que desea percibir, forma y fecha de reintegro (que no tiene que coincidir necesariamente con la fecha de su jubilación), etcétera, todo ello teniendo en cuenta sus expectativas personales y si esta pensión complementa o no a la de la Seguridad Social. La entidad, por su parte, calcula las cuotas mensuales que debe pagar el beneficiario en función del plan.

Básicamente existen dos grandes opciones: cobrar a partir de la fecha pactada una cantidad cada mes, o bien percibir el capital de una sola vez. Entre ellas existen múltiples variantes, como cobrar una cantidad al principio y el resto mensualmente. También existe la posibilidad de percibir el capital más la revalorización antes de llegar a la fecha pactada, modificar las cantidades pagadas para aumentar o disminuir la pensión, suspender temporalmente el pago o incluso abandonar la entidad sin penalización.

Los panes y los peces

El milagro de los panes y los peces que permitirá asegurar la vejez -se calcula que el pago de 10.000 pesetas mensuales durante 25 años produce un capital de 14,5 millones de pesetas si se obtiene una rentabilidad del 11 %- se realiza mediante un plan de acumulación de capital realizado a un plazo prefijado, de manera que cuando llega esa fecha el titular del plan cuenta con el capital que ha venido acumulando más los intereses obtenidos por el mismo, que van siendo reinvertidos continua y sistemáticamente.La guerra de ofertas ha desvirtuado la cantidad final que obtendrá el beneficiario. Las distintas entidades, para vender su producto, suelen exponer hipótesis con rentabilidades anuales acumulativas que oscilan entre el 11 % y el 14%. Lógicamente, los resultados teóricos ofrecidos varían sensiblemente sobre el papel. Pero -y esto no hay que olvidarlo nunca- la entidad no garantiza esa rentabilidad, por lo que si ésta es menor los resultados previstos también serán menores.

En estos momentos no es difícil obtener rentabilidades en torno al 14% invirtiendo en renta fija. Pero, ¿cómo evolucionará la situación en cinco años? ¿Y en 20 años? Nadie puede asegurar el nivel al que se encontrarán la inflación y los tipos de interés a tan largo plazo. Y de esos datos dependerá en parte la rentabilidad final que se obtenga por el capital invertido. La solvencia de la entidad debe ser, además, lo suficientemente amplia como para que asegure que continuará existiendo dentro de 30 o 40 años. También debe garantizar su capacidad para gestionar con la máxima seguridad y el máximo beneficio los capitales entregados por los beneficiarios.

Asimismo hay que tener presentes otras cuestiones. Las entidades, a la hora de calcular las rentas que debe percibir el beneficiario, tienen en cuenta las tablas de mortandad que reflejan la esperanza de vida. Aquí se corre el peligro de que una vejez larga suponga terminar con el capital acumulado más los intereses, ya que el plan no preveía un plazo de reintegro tan dilatado. Realmente existe el peligro de quedarse corto a la hora de calcular la propia longevidad, aunque una manera de corregir este fallo es fijar como pensión vitalicia los intereses del capital.

Por el contrario, si los cálculos son largos y el beneficiario fallece antes de cumplir el plan, éste suele incluir un seguro de terminación, de manera que la compañía de seguros u otra aseguradora aporta las cuotas que falten para su terminación. O bien los herederos del beneficiario perciben el capital aportado hasta ese momento, así como los beneficios obtenidos.

Aparte de estas consideraciones, desde un punto de vista fiscal, las cantidades abonadas mensualmente son objeto -como cualquier inversión calificada- de una desgravación fiscal del 15% sobre la cuota sobre el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).